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BAJA CALIFORNIA  
 

Explotación sexual infantil

Julieta Martínez / Antonio Heras

Con un alarmante registro de por lo menos 900 casos, Tijuana ya es considerada como la tercera entidad a nivel nacional en explotación sexual infantil

 

 


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Considerada como una “ciudad de riesgo” para la niñez, Tijuana se ubica en el tercer lugar de la lista de lo que técnicamente se conoce como “explotación sexual comercial infantil”, sólo antecedida por Acapulco y Cancún, advierte el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Y es que Tijuana entraña un doble peligro pues, según señala el organismo internacional, las zonas con mayores índices de prostitución infantil son las que tienen vocación turística, así como las regiones fronterizas.

El abuso sexual a menores de edad en México y particularmente en Baja California llega a niveles alarmantes. La presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ana Teresa Aranda Orozco, considera que “es un verdadero crimen todo lo que tiene que ver con pornografía y prostitución infantil. Cuando menos, 16 mil niños y niñas en 40 ciudades del país padecen de explotación sexual comercial infantil”.

De esta cifra por lo menos 900 casos se registran en Tijuana, reconoce la diputada Elvira Luna Pineda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad del Congreso de Baja California. Además, una investigación elaborada por el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales y Antropológicos (CIESAS), denominada “Infancia robada”, observa que en Mexicali hay alrededor de 400 infantes víctimas de este ilícito.

El análisis del CIESAS señala que para 2000 el índice de víctimas de explotación sexual, en cualquiera de sus modalidades, ascendió a más de 16 mil niños, niñas y adolescentes. Además de Tijuana, la primera etapa del estudio se realizó en Cancún, Quintana Roo; Guadalajara, Jalisco; Tapachula, Chiapas; Acapulco, Guerrero y Ciudad Juárez, Chihuahua; ciudades seleccionadas por la presencia de infantes en esta situación.

Los números arrojados son alarmantes, pues sólo las cuatro primeras zonas registran 4 mil 600 niños, niñas y adolescentes como víctimas del mercado sexual. Ante la gravedad de estos hechos, diversas posturas sostienen el argumento de tipificar la explotación sexual comercial infantil y el turismo sexual como actividades del crimen organizado.

Actualmente las leyes no establecen penalidades para este tipo de actividades, y a lo mucho se pueden encuadrar en los ilícitos de estupro o perversión de menores. Por ello, a fines de julio pasado la diputada Luna Pineda presentó una iniciativa para que en Baja California se inicie una escalada legislativa que es espejo de reformas legales que se analizan en el Congreso de la Unión.

“Más allá de siglas partidistas debemos atacar estos problemas que laceran a nuestra niñez”, dice la legisladora y ejemplifica con el caso de Cancún, en donde se dio inicio a un programa propuesto por la propia UNICEF tendiente a sensibilizar a taxistas y hoteleros para evitar el tráfico sexual de niños, niñas y adolescentes.

Pero aunque el programa se encuentra vigente, estos delitos son un monstruo de mil cabezas alentado por factores como la inacción legislativa. Hasta ahora sólo en los estados de Jalisco, Guerrero, Distrito Federal y Baja California se han tomado medidas al respecto, mientras que el resto de las entidades federativas carecen de interés por promover alguna iniciativa para combatir esta realidad.

 

Crimen organizado

 

Cifras oficiales señalan que en el 2004 el DIF rescató 536 víctimas a nivel nacional, mismas que actualmente son atendidas en distintas instituciones por daños físicos y mentales.

De acuerdo con el informe “México ante la explotación sexual comercial infantil”, el Sistema DIF instrumentó en 27 ciudades del país el Programa para la Atención, Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial Infantil, entre los que se encuentran Tijuana, Chetumal, Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.

En Quintana Roo se realizaron alianzas estrategias con banqueros, organismos internacionales y taxistas para contrarrestar esta actividad, lo que trajo como consecuencia un mayor número de denuncias por violencia intrafamiliar, abuso y explotación sexual. En Baja California no hay indicios sobre la urgencia de tomar el toro por los cuernos y emprender una serie de acciones en sus ciudades de riesgo.

Tampoco hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Dada la complejidad del fenómeno se requieren de alianzas con países con los que se comparten fronteras “a fin de actuar de manera conjunta en aquellos casos que involucran el traslado de niños de un país a otro o bien la actuación el país de agresores extranjeros”, asienta el documento.

El DIF establece que las actividades de la explotación sexual corresponde a un sector industrial organizado: desde los pequeños negocios a las grandes empresas, con cuentas bancarias, campañas de publicidad y atractivos folletos. Hay mercaderes que utilizan técnicas de promoción para vender el “producto”, jerarquías de beneficiarios (siempre con los niños en el puesto más bajo de la escala) y planificadores estratégicos que trabajan para proteger y promover un “buen negocio”.

Esta “industria” es una forma extremadamente peligrosa de explotación, un abuso de poder que implica fraude, secuestro, esclavitud, contrabando, soborno y corrupción a diversos niveles.

Los explotadores reducen a sus víctimas en objetos sexuales a cambio de dinero o de cualquier otra especie. Entre ellos se encuentran los asistentes a prostíbulos, militares y marinos, camioneros, inmigrantes, hombres de negocios durante sus viajes, turistas nacionales e internacionales, expatriados, trabajadores sociales y personas que contratan empleados domésticos.

Ante esta situación, la diputada Elvira Luna considera que estos delitos deben considerarse dentro del crimen organizado porque existe un entramado delictivo que repercute por su presencia más allá de fronteras, es multinacional.

“La explotación sexual es un problema que desafortunadamente se vive en todo el mundo y se le considera una de las actividades con mayor rentabilidad para los grupos del crimen organizado, la cual se comete independientemente del idioma, la moneda, el régimen político o los niveles económicos de los países”, expresa.

Esta situación se da porque hay personas que pagan por el servicio sexual de niños y niñas, agrega, porque hay organizaciones que se dedican a reclutar niños y comercializarlos como si fueran objetos y porque hay problemas sociales, desvalorización social familiar que margina a niños, los excluye, también los limita de oportunidades, que expulsa de su casa y de la tutela de padres o instituciones y que los sitúa en situación de riesgo.

Luna Pineda indica que de esta forma salen a la calle, tienen alguna relación con pedófilos o proxenetas, se sitúan en lugares en donde hay menores de edad que ya son victimas de esta explotación o son reclutados por estas victimas.

Otro factor es la falta de legislación en materia de explotación comercial sexual infantil, práctica que la ONU declaró como delitos cometidos contra la humanidad desde el 2002. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las considera una de las peores formas de trabajo infantil. De ahí que los países legislen de manera unificada para que los explotadores se castiguen en cualquier parte del mundo que se encuentren, sin importar que el delito se haya cometido en otro país.

Esta legislación unificada se debe hacer en los países que se adhirieron a la Carta de los derechos de los niños –con excepción de Estados Unidos y Somalia– para que los delincuentes no encuentren vacíos legales que les permitan escabullirse o ser beneficiarios de la humanidad.

Para la Luna Pineda, la UNICEF y la OIT han hecho recomendaciones y exigencias para que se concrete la legislación, “no es que queramos o no, no es cuestión de voluntad política. Es una obligación de todos los congresos locales, incluido el federal”, sostiene al tiempo de comentar que ya se aprobó en el Cámara de Diputados y se encuentra en el Senado para su ratificación.

Las sanciones deben ser altas por considerarse delitos graves. De ahí la necesidad de incorporarlos a los delitos del crimen organizado y que se incorporen a la ley correspondiente, reitera la legisladora. “Así como el narcotráfico, debe tratarse igual porque lo comete el crimen organizado”.

 

Las primeras huellas: maltrato infantil


Datos oficiales aseguran que en cuanto al maltrato infantil, Tijuana resintió un incremento al registrarse dos mil 80 casos de niños y niñas tan sólo en 2004 que quedaron bajo la custodia de la Subprocuraduría para la Defensa del Menor y la Familia.

En otras palabras, son 25 casos más que atendió el Albergue Temporal del DIF desde recién nacidos hasta adolescentes de 17 años de edad. Para el organismo estatal el maltrato a menores se divide en tres tipos: omisión de cuidados, maltrato físico y violación o abuso sexual.

La omisión se refiere a descuido, abandono, abuso emocional, falta de educación y de una identidad para el menor en el caso que no hayan sido dados de alta con un nombre en Registro Civil. Este tipo representa la principal causa de maltrato en la entidad al alcanzar un 75 por ciento de los casos.

La encargada del Albergue Temporal para Menores del DIF estatal, Silvia Peñalosa, estableció los casos del maltrato se canalizan a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia a través de jueces municipales por la atención de problemas de violencia intrafamiliar; denuncias ante las agencias del Ministerio Público; la denuncia ciudadana a partir de vecinos, familiares y maestros; así como por medio de un juez familiar.

Publicado en: Agosto 2005



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