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BAJA CALIFORNIA  
 

Baja California sede de la delincuencia organizada

Lorena Rosas
A punto de terminar el año, las muertes violentas, los ajustes de cuentas, las desapariciones vinculadas con acciones de comandos policiales y de narcotraficantes, continúan. La batalla por el control del mercado de las drogas y de la frontera ha cobrado la vida de 318 personas 

 

 


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La inseguridad pública es una de las mayores preocupaciones de los bajacalifornianos –en sus diversos estratos sociales– quienes viven presas del miedo y la inseguridad, sujetos a la voluntad del crimen organizado o de la delincuencia común.

El incremento de la violencia cada vez más organizada, se agrava por la competencia entre bandas de narcotraficantes que buscan dominar la plaza. Esto ha creado un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población, y ha dado lugar a un proceso de descomposición de las instituciones encargadas de prevenir y castigar los delitos.

La fuerza de la delincuencia organizada radica en las alianzas y vínculos que ha logrado establecer con funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, políticos y militares. Los transgresores corrompen a las autoridades y se mantienen en la impunidad.

Ante la situación de alarma que se vive en el estado, y derivado de un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, diputados del Congreso local solicitaron que sea un mando militar con grado de general quien asuma la coordinación de todas las corporaciones policíacas de Baja California.

Sólo el legislador panista, Raúl López Moreno, se abstuvo porque él considera que esta medida no solucionará el problema de inseguridad en el Estado y que será ineficaz para darle tranquilidad a los bajacalifornianos.

Las muertes violentas, los ajustes de cuentas, las desapariciones vinculadas con acciones de comandos policiales y de narcotraficantes, son la constante en esta zona fronteriza, los asesinatos de jefes policíacos y la multiplicación del narcomenudeo, reflejan la batalla por el control del mercado de las drogas y de la frontera. En lo que van del año suman ya 318 muertes violentas, la mayoría de ellas relacionadas con el narcotráfico

Mientras las autoridades federales, estatales y municipales afirman que los delitos están disminuyendo, la población piensa distinto. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado, -organismo plural elegido por el Congreso estatal, señala en sus investigaciones que los principales delitos, como los secuestros y los relacionados con el narcotráfico, son cada vez más violentos.

El secuestro en Tijuana se realiza con todo descaro a plena luz del día y en lugares transitados, lo que ha propiciado que muchos empresarios y personas amenazadas decidan salir de la ciudad y sólo regresen de manera ocasional, acompañados por guardaespaldas armados.

Alberto Capella Ibarra, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, explicó que “luego de que los programas de gobierno contra la delincuencia no han funcionado, la llegada de un militar abonaría a cambiar la situación de emergencia que se vive en Tijuana, hundida en una ola de criminalidad. Las investiduras de procurador y secretarios se mantendrían tal como están ahora, pues el liderazgo sería de tipo operativo, que incluiría a las policías preventivas, federales y ministeriales”, explica. 

Capella Ibarra advierte que los delitos de alto impacto, cometidos en Baja California, serán llevados con quejas y denuncias ante organismos internacionales por la falta de cumplimiento de las autoridades.

Al parecer el crimen organizado cuenta con un eje de dirección y mando, por ello actúa como si sus dirigentes fueran la autoridad, y sus reglas, las leyes que regulan y controlan los bienes y la seguridad de los habitantes del estado; sólo que, en los últimos diez años, la violencia y los crímenes se han salido de los esquemas tradicionales: dejaron de ser una delincuencia menor, doméstica, para convertirse en una delincuencia organizada, transnacional, con influencias provenientes de otros países, incluyendo el uso de la tecnología.

Así, la ciudadanía y las autoridades se enfrentan contra una delincuencia más preparada técnica e intelectualmente; es decir, organizaciones muy bien armadas y despiadadas ante aquellos que amenazan su seguridad y su plaza.

Las bandas criminales que emplean sus propias técnicas, métodos e ideología, han podido asociarse con otras que operan a nivel internacional, y con organizaciones dedicadas al secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el acopio y tráfico de armas, el tráfico de órganos, al paso de indocumentados, a la prostitución y explotación de menores, al robo de autos, y una lista interminable de ilícitos. En consecuencia, ante la falta de confianza en las instituciones, y el conocimiento de la superioridad en la estructura de una organización criminal, la sociedad no denuncia muchos otros delitos.

Manifestación secuestrada

"Por el fracaso de las autoridades, la delincuencia se comporta como un tsunami que se retira con los programas emergentes de seguridad, pero regresa en cuanto pasa el control y vuelve a posicionarse con más fuerza. El resultado es el incremento de la incidencia delictiva, incluso casos de alto impacto, como secuestros y asesinatos", asegura el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

Capella Ibarra encabezó la Marcha por las víctimas de la inseguridad, en la que cientos de ciudadanos recorrieron 436 kilómetros, desde San Quintín hasta Mexicali, durante 16 días, revelando el hartazgo social ante la inseguridad, reflejada en los 328 asesinatos de ciudadanos y policías en lo que va del 2006, en los más de 140 secuestros, en las amenazas y extorsión continuas a los comerciantes.

De acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 2005 fue el año más violento en toda la historia de Tijuana. Se cometieron 438 asesinatos en 365 días, lo que ubica a este municipio como el más golpeado por la amplia gama de delitos generados por el narcomenudeo y el crimen organizado.

Suficiente motivación para integrarse a la marcha, que tuvo la participación más numerosa y comprometida con aproximadamente mil 700 ciudadanos, la mayoría familiares de secuestrados, levantados, desaparecidos y asesinados, principalmente, quienes utilizaron el foro para reclamar los nulos resultados, la ineficiencia, la ceguera de las autoridades, quienes incluso se atrevieron, en una actitud para muchos cínica, a participar en la manifestación. Tal fue el caso del gobernador Eugenio Elorduy; el delegado de la PGR, Alfredo Becerril Almazán; el secretario de Seguridad Pública del estado, Víctor De la Garza; el procurador general de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, y el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Luis Javier Algorri.

En el recorrido por todo el territorio de Baja California que comprendió la Marcha Contra la Inseguridad, los líderes de las organizaciones no gubernamentales que la organizaron llegaron a Tijuana para enterarse de cómo iban las negociaciones relacionadas con los tres secuestros cometidos contra sus familiares, horas antes de iniciar el recorrido fueron impedidos de su libertad con el objetivo de que no participaran en la jornada. Sin embrago, esto motivó más el reclamo de la sociedad para que las autoridades actúen.

Para Alberto Capella –quien movilizó a la sociedad, integrando 233 agrupaciones civiles en lo que hoy es la Alianza Ciudadana por la Seguridad– este problema tiene dos caras: “Por una parte, sufrimos la delincuencia común, sustentada por un problema de educación y salud debido a las adicciones que resultan de la proliferación del narcomenudeo”.

Con el surgimiento de las drogas sintéticas, aparecieron y se multiplicaron las ‘tienditas’. Se estima que en Tijuana hay de 15 a 20 ‘tienditas’ por colonia, y existen 750 colonias en la ciudad. Los cárteles, que funcionan como auténticas industrias, tienen cuentas de banco, laboratorios y expendios. Cada uno controla entre 400 y 500 ‘tienditas’. Este narcomenudeo produce liderazgos de sector y locales, pequeños grupos con ingresos importantes, que adquieren poder y autonomía, sin que se enteren las autoridades. 

“La otra faceta, que ha impactado más mediáticamente y ha generado un ambiente de temor, son los delitos de alto impacto: secuestros, homicidios en pleno día, violaciones, robos bancarios o a vehículos de valores. Lo que es una demostración de poder de la delincuencia organizada. Es el resultado de la impunidad generada por la falta de acciones contundentes y de respuestas de las autoridades”, denunció Capella Ibarra.

Para financiar sus actividades de narcotráfico al no contar con suficiente capital, hay grupos que recurren al secuestro, de ahí el aumento de su incidencia que se elevó en 300 por ciento en los últimos dos años.

No obstante que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el Plan Antisecuestros Emergente, poco o casi nada logra hacer en contra de este problema que azota la entidad. El tema está fuera de control y con ello tienen que ver tanto corporaciones policiales, como células del crimen organizado que andan haciendo su tarea por su lado, luego del desmembramiento o salida de las grandes bandas.

Capella Ibarra, mencionó que aunque las autoridades bajacalifornianas han registrado una veintena de casos de secuestro, el reporte que ha recibido el Consejo de Seguridad Pública es tres veces mayor, en el periodo de enero a noviembre, al llegar a 140 casos de privación de la libertad en los que al menos seis víctimas fueron asesinadas a pesar de que se pagó el rescate exigido.

“Tenemos denuncias frecuentes de que personas fuertemente armadas, vestidas de negro, con insignias y uniforme similar al de la Agencia Federal de Investigación, se llevan a algún ciudadano, y en las investigaciones resulta que existe alguna autoridad involucrada”, dice.

Por su parte, el procurador general de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, aseguró que en los cinco años de la presente administración han detenido a 500 presuntos secuestradores. Sin reconocer que se han cometido más de 140 plagios, admitió que la cifra oficial es muy superior a la que se registró el año pasado –20 casos contra cinco–. Aclaró que hay más detenidos, mientras la efectividad de investigación, él asegura que ha crecido.

Martínez Luna, manifestó que no hace falta un militar para que controle y dirija a la Policía Ministerial, ya que ellos saben qué deben hacer. “A nosotros en la Procuraduría no nos hace falta, nos coordinaremos si hay una estrategia, como lo hemos hecho, pero no se necesita a un militar”, aseguró.

Opinión legislativa 

“La coordinación entre los cuerpos policíacos y las instituciones a las que pertenecen en materia de seguridad, es débil y accidentada, la ausencia de una verdadera, sistemática y creativa coordinación entre los cuerpos policíacos, se identifica entonces como un tema fundamental al que deben de abocarse las autoridades de los diversos niveles de gobierno”, aseveró el diputado perredista Abraham Correa Acevedo, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

Correa Acevedo precisó que es necesario revisar algunas leyes, como la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado de Baja California, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática manifestó que ante la situación que priva en la entidad, debe buscarse que los titulares de los mandos policiales de todos los niveles se vean obligados a hacer valer el principio de coordinación de las policías, reforzando las responsabilidades de los mismos ante incumplimientos u omisiones, incluso podría llegar a considerarse como falta grave la incursión, por parte de las policías, en conductas que obstruyan o impidan la necesaria coordinación y cooperación entre las corporaciones.

Deslinde de responsabilidades

Mientras empresarios y ciudadanos de la localidad alertaron sobre el incremento de secuestros que terminan en asesinato de las víctimas, aunque se hayan pagado rescates, el alcalde priísta de Tijuana, Jorge Hank Rhon, responsabilizó al gobierno federal del problema, debido a que "definitivamente no está haciendo su trabajo" dijo, y acusó que igualmente el estado, que cortó atribuciones al municipio tras la creación de una Policía Estatal Preventiva, tiene parte de la culpa, y el resultado es la situación que se vive.

"No sé si porque no pueden o porque no quieren, pero definitivamente es una falta de atención total y absoluta. Es muy malo que exista un secuestro y un robo, pero es todavía peor el hecho de que no se le dé seguimiento", sostuvo al afirmar que el problema no es de prevención, sino de investigación. "Definitivamente no quieren hacer su trabajo, y puede haber prevención siempre y cuando haya investigación, y no hay investigación", agregó el alcalde tijuanense.

“Pero aparte que no es competencia nuestra, no tenemos facultad legal para investigar, entonces estaríamos fuera de la ley si interviniéramos en ello”, precisó Hank Rhon, y aceptó que las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno están infiltradas por el crimen organizado: “Sí, indiscutiblemente. La estatal, la federal y la municipal”, aseguró. Sin embargo, defendió la tarea de la Policía Municipal porque ha hecho su trabajo. “...Hemos reducido el índice de criminalidad, se ha reducido la inseguridad”, sostuvo.

Hank Rhon insistió en que hay descoordinación y que hace falta una cabeza que dirija los esfuerzos de las tres corporaciones. “Yo, lo que he pedido desde hace meses es que nos liberen de la responsabilidad al señor gobernador y a este servidor, y nos manden una persona que se encargue de coordinar a todas las policías. Yo creo que una persona que logre tener mando sobre todas, nos ayudaría muchísimo”, expuso.

 

Menos recursos para el combate contra la delincuencia

En Mexicali se cometen en promedio 45 mil delitos al año, 80 por ciento son del fuero común: en la delincuencia menor se puede incluir carteristas, asaltantes de autobuses, vandalismo, robo de bienes y artículos menores, estafadores, grafitis y pinta de muros y monumentos, robo a casas habitación, violación y robo de vehículos.

No obstante, existe un grave déficit de cerca de mil 500 agentes municipales, por lo que esta corporación está en desventaja, asegura el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Javier Salas Espinoza, y explicó que además hacen falta pistolas, chalecos antibalas y patrullas.

“Al contar con mil 700 policías en Mexicali y el valle, de ellos unos 400 son personas mayores, con más de 25 años en la corporación, que ya no deberían estar en servicio, pero continúan porque no hay sistema de jubilación para los agentes", sostuvo.

El oficial mayor del XVIII Ayuntamiento de Mexicali, José Luis López Aguilar, señaló que este año les llegaron menos recursos económicos federales y estatales que en administraciones anteriores, para el rubro de seguridad, y que desafortunadamente el gobierno estatal le regatea en el rubro de seguridad pública al Ayuntamiento priísta.

"Sabemos que hay muchas necesidades, pero no tenemos recursos para enfrentarlas, ya que las participaciones que nos llegan de fondos federales, a través del estado, son muy limitadas, al menos para el municipio de Mexicali. Esto se traduce en una falta de equipamiento para el cuerpo policiaco municipal y, por ende, en la prestación de un frágil servicio de seguridad para la ciudadanía", comentó el funcionario.

"Para tener una idea clara de lo que sucede en el Fondo de Seguridad, la federación está poniendo alrededor de 202 millones de pesos y el estado aporta 65 millones de pesos, de manera de que hay en total de 267 millones de pesos, de los cuales al ayuntamiento mexicalense sólo le están dando 9 millones 100 mil pesos, lo cual es totalmente insuficiente para enfrentar la falta de equipamiento para la corporación policíaca", afirmó López Aguilar.

El secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, estuvo hace unas semanas en Tijuana y entregó 13 millones 67 mil pesos que la federación transfiere al estado de Baja California para el combate contra la delincuencia, dijo que el enfoque específico de este recurso es para el equipamiento y la profesionalización de las policías del estado y de sus cinco municipios: En este año se incrementó el presupuesto destinado para Baja California, en materia de seguridad, con 341 millones de pesos por un convenio entre el estado y la federación, sumándose al Presupuesto de más de 2 mil millones de pesos para ejercer en el 2006, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que incluye a la Policía Estatal Preventiva, la PGJE y la Policía Ministerial.

Exhorto desde el Congreso

El Congreso de la Unión emitió un exhorto al gobernador del estado, Eugenio Elorduy Walther, y Jorge Hank Rhon, presidente municipal de Tijuana, para que realicen las acciones necesarias que permitan la inmediata depuración de los elementos de la policía municipal; se hagan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades penales a los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos, así como para que implementen en esta entidad fronteriza un programa de acción emergente, tendiente a abatir los altos índices de criminalidad que han generado una ola de inseguridad y violencia en este municipio. Asimismo, para que informen a la Comisión de Seguridad Pública del Congreso si han iniciado alguna averiguación previa o se desarrolla algún proceso penal –y en su caso en qué estado se encuentra– en contra de servidores públicos con motivo de actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos.

Esto, en virtud de que, en los últimos meses se ha presentado una escalada de ejecuciones y secuestros, lo cual se sustenta en diversas cifras contenidas en la exposición de motivos, relata el diputado proponente Luis Rodolfo Enríquez Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que hasta noviembre del año en curso, han ocurrido 318 muertes violentas aproximadamente; entre ellas 82 que se presumen relacionadas con el crimen organizado.

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados deja en claro que para cumplir cabalmente la función de seguridad pública establecida para los ámbitos locales y municipales, cada entidad federativa ha expedido el correspondiente marco legal que atribuye facultades a sus autoridades para actuar en esta importante labor.

Señala que la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado de Baja California tiene como fines el salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública; y que las autoridades encargadas de la función de seguridad pública quedan sujetos a cumplir las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y otras leyes específicas, por lo que, al no cumplir estos preceptos, incurren en responsabilidad.

Destacando lo anterior, la Comisión de Seguridad Pública de la H. Cámara de Diputados federal, considera de relevancia que tanto la autoridad estatal como la municipal en lo que corresponde a su competencia atiendan la problemática, dejando de especular con la llegada de un mando militar a Baja California y hagan frente a la ola de violencia que se ha desatado en fecha reciente.

Publicado en: Diciembre 2006 / Año 2 / Número 20



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