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BAJA CALIFORNIA  
 

Exportadora de Sal despoja a ejidatarios

Nancy Flores / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
Con la operación de la empresa Exportadora de Sal, la Secretaría de Economía no sólo despoja de sus tierras a cinco ejidos de Baja California Sur sino que favorece económicamente a su socia Mitsubishi, trasnacional que cada año recibe más de 14 millones de pesos del erario público por “comercializar” el producto que cuenta con un mercado cautivo.

 


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Laguna Ojo de Liebre, BCS. “Prohibido el paso. Propiedad federal”, reza el anuncio que abre camino a la paraestatal Exportadora de Sal, S.A. (ESSA), ubicada sobre una zona de reserva de la biosfera de Guerrero Negro, justo en los límites de Baja California Sur y Baja California.

La incorrecta señalización oculta el despojo de 36 mil hectáreas de terreno de uso común y parceladas, en el municipio de Mulegé, que la Secretaría de Economía -dueña del 51 por ciento de las acciones de “la salina más grande del mundo”, como la vitorea el gobierno federal- ha ejecutado en contra de cinco ejidos.

“Estos letreros de propiedad federal son parte de la invasión. Aquí, donde estamos parados, son nuestras tierras. Es decir que somos forasteros en nuestra propia tierra”, dice con rabia David García, vocero de 301 ejidatarios del Díaz Ordaz y del Benito Juárez, dos de los cinco pueblos afectados.

Detrás del reconocimiento mundial y la alta rentabilidad de la empresa, que cada año factura más de 2 mil millones de pesos (200 millones de dólares), ESSA mantiene un negro historial de abusos.

A pesar de que sus dueños originale han solicitado, por la vía judicial, la restitución de la tierra ejidal, la Secretaría mantiene su posesión bajo el argumento de darle “utilidad pública” a la zona. “Tenemos un juicio de nulidad de contratos y restitución de la tierra ante el Tribunal Agrario, por incumplimiento”, puntualiza David García.

Los ejidatarios, quienes prefieren no identificarse por temor a represalias, denuncian que desde hace un par de años, cuando comenzaron a movilizarse para recuperar sus tierras, la Secretaría de Economía suspendió la “renta” anual que, por contrato, está obligada a pagarles.

“La empresa y los ejidatarios celebramos un contrato de arrendamiento, pero después nos dimos cuenta que es tendencioso y está lleno de vicios. En ese convenio la empresa se compromete a pagar 17 pesos por hectárea al año”, dice David García.

La supuesta indemnización se acordó en 1992, cuatro décadas después de iniciado el despojo, cuando la administración de Ernesto Zedillo reconoció a los cinco ejidos como los dueños de los terrenos donde se asienta ESSA.

“Lo que nos pagaba la empresa era simbólico, no alcanzaba para nada. Por eso pedimos un incremento, pero desde que se firmó el contrato (en 1992) no ha habido nada. Ellos no han querido poner nada de su parte”, manifiesta Eduardo Rubio Uezo, comunero del ejido Presidente Gustavo Díaz Ordaz.

“No se trata de cuántos ejidatarios somos los afectados, sino de que son cinco pueblos los que vivimos de esta tierra, y si a ellos (la empresa) no les alcanza para pagarnos, pues que nos restituyan nuestra tierra. Aquí podríamos construir criaderos de camarones y con eso mantener a la familia”, añade.

Los ejidatarios, quienes el 15 de octubre pasado tomaron las instalaciones de ESSA ante la desatención de su problema, explican que la Secretaría de Economía y su socia, la trasnacional japonesa Mitsubishi, justifican la posesión del terreno ejidal en una concesión autorizada en el marco de la Ley Minera.

De acuerdo con el convenio de modificación al primer contrato, signado entre el ejido Presidente Díaz Ordaz -dueño de 13 mil 506 hectáreas, de las 36 mil que ostenta ilegítimamente la empresa- y la paraestatal en 1994, la concesión 197749 se refiere sólo a la explotación de los recursos, no a la posesión del terreno.

Además, contrario a lo que establece la Ley Minera -normatividad en la que se sustenta la concesión a favor de ESSA-, la explotación de los recursos de esta zona carece de utilidad pública, pues el negocio sólo favorece a extranjeros, acusan los ejidatarios.

Rentable negocio

La trasnacional Mitsubishi -de la que se presume posee el 49 por ciento de las acciones, pues la paraestatal sólo la menciona como su principal accionista sin detallar su participación- ha encontrado en la sal mexicana un muy rentable negocio.

De acuerdo con las investigaciones de los ejidatarios, quienes recientemente contrataron a la Consultora Luque para conocer la solvencia económica de la paraestatal, Mitsubishi cobra al erario público dos pesos por cada tonelada de sal que vende en el mercado internacional, considerado como un nicho cautivo para este producto.

Al echarle números, David García advierte que, sólo por concepto de ventas, la trasnacional obtiene 14 millones de pesos cada año. El vocero de los afectados no entiende cómo la Secretaría de Economía se niega a aumentar el importe por arrendamiento a favor de los ejidatarios, cuando “regala” millones de pesos a su supuesta socia.

David García se pregunta qué clase de sociedad ha establecido la administración federal con Mitsubishi, que en lugar de exigirle inversión financiera le obsequia los recursos del pueblo.

“La paraestatal dice que no nos puede pagar más de 200 pesos por hectárea al año, que es lo justo. Según ellos (los funcionarios de la Secretaría de Economía), esto quebraría a la empresa. Pero sólo estamos pidiendo el 4 por ciento del presupuesto que Exportadora de Sal tiene para ejercer anualmente”, explica el vocero.

Agrega que el monto total exigido representa el 50 por ciento de los gastos del avión que posee la empresa. “Ellos nos quieren dar migajas, pero no las vamos a aceptar porque aquí hay intereses de fondo, no se limita a las ganancias que les deja la sal, sino que quieren los recursos que están debajo. Mitsubishi le apuesta a enfrentar a la gente para acabar con este problema”.

García dice que debajo de los terrenos que se les han despojado hay importantes recursos naturales: “hay estudios que comprueban que aquí hay oro y petróleo. Son reservas que se va a quedar la empresa Mitsubishi. Ése es el interés a largo plazo de la trasnacional”.

La información oficial de la paraestatal confirma que Mitsubishi Corporation, apoyada por su filial Mitsubishi Internacional Corporation, “comercializa la sal de la entidad a nivel mundial, manteniendo comunicación constante con los clientes e industrias químicas fabricantes de productos derivados de la sal”.

Según ESSA, “para asegurar el control de costo del transporte marítimo, se constituyó la naviera Baja Bulk Carriers, cuyo objetivo es el transporte de la sal a granel desde Isla de Cedros, Baja California, hasta puerto de destino”. Esta naviera es propiedad del gobierno mexicano en un 50 por ciento y de Mitsubishi Corporation, también en un 50 por ciento.

Los ejidatarios indican que ESSA opera con una plantilla de 600 trabajadores sindicalizados, 100 de confianza y 300 eventuales. “Los sindicalizados ganan en promedio 3 mil pesos mensuales, pero los empleados de confianza ganan hasta 7 mil pesos mensuales”.

Beneficio para extranjeros

Desde su creación, la paraestatal ha respondido a los intereses de los extranjeros. La historia oficial de ESSA, publicada en su página de internet, cuenta que en la década de los 50 el gobierno federal autorizó a Daniel Ludwig -presidente de National Bulk Carriers- crear esta empresa, con el objetivo de abastecer sal a la industria productora de papel de la costa oeste de Estados Unidos.

Según su propia información, se trata de una sociedad mexicana de participación estatal mayoritaria, constituida el 7 de abril de 1954 en los términos de la escritura pública número 4625, que tiene por objeto social la producción y exportación de sal marina obtenida mediante la evaporación solar del agua de mar.

Destinada a exportar su producción, ESSA tiene su mercado más importante en Japón, donde cuenta con cinco clientes -Asahi Glass, Tosoh, Tokuyama, Kashima y Kaneka-. También tiene tres clientes en Estados Unidos -Cargill, Morton e ISCO-; cuatro en Corea -Hang Wha Chemical, LG Chemical, Samsumg Fine y Samsumg Corporation-; uno en Taiwán -Formosa Plastic-, y dos en Canadá -Nexen y Main Road-.

Reconocida como la salina más grande del mundo, Exportadora de Sal oculta a sus clientes el despojo de los terrenos ejidales: el apropiamiento ilegal de la tierra es presentado “incremento de la capacidad operativa”.

La versión oficial refiere que fue en la década de los 80 cuando la producción se incrementó a 5 millones de toneladas métricas anuales. “A partir de 1983 se dan pasos firmes para incrementar la capacidad productiva de ESSA, con el arranque del proyecto denominado salitrales, que significó la incorporación de 10 mil hectáreas de vasos concentradores adicionales a los existentes”.

Y sí, en ese tiempo aumentó el robo de las 36 mil hectáreas propiedad de los ejidos Benito Juárez, Presidente Gustavo Díaz Ordaz, Héroes de Chapultepec, Belisario Domínguez y Gómez Palacio.

Ante la arbitrariedad que por décadas los ha afectado, el ejidatario Eduardo Rubio Uezo señala: “las autoridades de Economía hablan de pérdidas, de que la empresa va a quebrar si nos pagan más de los 225 pesos que nos ofrecen, que no les alcanza el dinero; pero somos nosotros los que tenemos pérdidas, son nuestras familias las que no tienen nada que comer”.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con Wolfgang Rodolfo González, secretario técnico de Planeación, de la Secretaría de Economía, encargado de las negociaciones con los ejidatarios. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Publicado en: Enero 2007 / Año 2 / Número 21



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