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BAJA CALIFORNIA  
 

Anarquía legislativa y lucha de poder

Lorena Rosas
El reacomodo de las fuerzas políticas y sociales en el camino de la sucesión gubernamental es la prioridad en Baja California, sobre todo en las filas de la oposición. Ante la inminente judialización del proceso electoral, las expectativas sobre alianzas y candidatos resultan fantasiosas.

 


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Las revueltas internas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), forman parte del reacomodo rumbo a las elecciones del primer domingo de agosto. Mientras que los partidos menores, condicionados a las alianzas, carecen de propuesta.

La correlación de fuerzas bajo el Poder Legislativo asume también un importante peso público, con un marcado interés partidista que se impone entre las diversas fuerzas contendientes. A seis meses de finalizar esta legislatura, los diputados locales, entre ellos 12 panistas y nueve priístas, están instalados en un eficaz mecanismo de control político.

El escenario que los suma a la lucha por las candidaturas, cancela la posibilidad de repasar sus recientes actuaciones legislativas y de corregir o aprender de sus errores. Menos aun de las pifias heredadas por anteriores legislaturas. El trabajo de los diputados se reduce a actividades políticas de sus partidos, al muestreo ante sus aspiraciones por ser candidatos y a tareas partidistas en comisiones especiales.

En el pleno del Congreso se arrebatan el micrófono y solicitan el alcoholímetro unos para otros. Las reformas legales se deciden sin negociación, consenso o cabildeo, pues obedecen a las órdenes de la cúpula partidista.

Y mientras que en las comisiones de Legislación, Fiscalización y Hacienda se acumulan los dictámenes, los 25 legisladores no olvidan cobrar mensualmente 122 mil pesos por su “labor”, que representa un gasto global para el erario de 3 millones 51 mil 478 pesos al mes.

En el Congreso lo importante es el control político: los consejeros supuestamente ciudadanos del Instituto Estatal Electoral, los consejeros de la Judicatura, los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y los magistrados del Tribunal de Justicia, se han repartido por cuotas políticas, ante un marco normativo electoral deficiente e ineficaz, que invariablemente, desembocará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La reforma electoral

Después de numerosos foros académicos, surge al vapor la iniciativa de reforma electoral a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales. El 12 de octubre del año pasado, los 12 diputados de la bancada panista, y con el voto del diputado Roberto Adrián Gallegos, entonces del Partido Verde Ecologista, lograron la mayoría para sacar adelante la propuesta de reforma electoral impulsada por el gobernador y el partido blanquiazul.

Las inconformidades del resto de los partidos –PRI, PRD, PEBC y PT– no se hicieron esperar, bajo el argumento de que no hubo negociación ni cabildeo.

Algunas de las propuestas quedaron empantanadas, como las de revocación del mandato y la de empatar los procesos federales y estatales. Actualmente son 10 estados de la República los que lograron empatar las elecciones estatales y federales con el fin de reducir costos y abatir el abstencionismo.

Con la reforma impugnada se acortaba de 90 a 60 días las campañas electorales. En la fiscalización del gasto electoral se establecían reportes mensuales, se adelantaba la fecha de la elección del 5 de agosto al 24 de junio, se establecían cuotas de género así como el control de las contrataciones de propaganda y publicidad de los partidos políticos en radio y televisión, al Instituto Estatal Electoral.

Además, se establecía que los partidos políticos que por primera vez participaran en un proceso electoral local no podrían ir en alianza, si no hasta su participación en un segundo proceso. Los consejeros electorales serían honoríficos, con una gratificación mínima diferenciada durante el proceso o fuera de él.

Se redefinía el criterio para anular casillas y se clarificaban conductas que dan lugar a la nulidad. Se establecía el impedimento para que los dirigentes partidistas puedan ser candidatos a munícipes, gobernador y diputados, con la excepción de la separación permanente del cargo cuando menos seis meses antes de la elección.

Por ser un caso de “urgente y obvia resolución”, como quedó asentado en el decreto, se modificaron 48 artículos de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales y ocho del Código Penal. A pesar de sus bondades, “este avasallamiento es inconcebible y vergonzoso”, dijo en la tribuna el diputado Jorge Núñez Verdugo, del Partido Estatal de Baja California.

Fallida ley

Después de tres meses, todo volvió a ser como antes de la efímera Reforma Electoral Estatal, que recibió el revés del presidente de la SCJN, Sergio Ortiz Mayagoitia, quien, basado en un dictamen elaborado por Genaro David Góngora, determinó que la reforma no era urgente ni de obvia resolución en el Congreso local, y resolvió invalidarla.

El ministro concluyó que la mayoría de los legisladores panistas incurrieron “en una violación grave al proceso legislativo”, al aprobar los cambios sin una discusión y análisis previo. Así, al resolver una acción de inconstitucionalidad que presentaron partidos de oposición en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo locales, la Corte declaró 43 artículos relativos a la Ley de Procesos Electorales del estado como contrarios a la Carta Magna.

Por ello la elección será el 5 de agosto, con 60 días de campaña; sólo habrá un reporte financiero al final de la elección; los nuevos partidos pueden participar en coaliciones; la contratación de publicidad en radio y televisión se hace en forma directa por los partidos y los candidatos; los consejeros reciben un sueldo de 90 mil pesos con o sin proceso electoral, y los criterios para anular casillas son generales. Además, los dirigentes partidistas pueden ser candidatos sin retirarse de sus cargos.

Cuando recibió la noticia, Jorge Núñez, diputado del Partido Estatal de Baja California, dijo: “Esto demuestra que siempre tuvimos la razón, tal como lo expresamos en su momento en la tribuna de la actual legislatura. Y la cosa es de forma y fondo. En la forma, la reforma nació muy sucia, porque fue un albazo de los panistas y de un grupo de diputados que se dejaron comprar por el Ejecutivo para dar un ‘mayoriteo’ indigno de cualquier parlamentario. Esto es, sin discusión alguna, sin conocer la reforma, sin exponerla ni discutirla. Levantar el dedo y punto. La Suprema Corte castigó ese procedimiento porque consideró que sentaría un mal precedente, pues cualquier gobernador puede armar con dinero una frágil mayoría para hacer reformas en contra de la ciudadanía, que luego es muy difícil que se puedan cambiar. Se procedió con mala fe, embozados y protegidos por el ejecutivo. La Corte vio esto y le dio palo”.

Agregó que “en el fondo, la reforma golpeaba muy feo a los partidos pequeños, además de que es inconstitucional. Se planteaba la obligación de renunciar a puestos de dirigencia partidista seis meses antes de la celebración de elecciones. Los partidos pequeños, que vamos consolidándonos con fuerza en el ánimo ciudadano, estamos en vías de formación de cuadros, y nos quedamos sin fuertes liderazgos internos en virtud de esta obligación que planteaba la reforma. Cuando la Constitución dice claramente que la función de los partidos es, precisamente, la formación de cuadros para gobernar. En eso está el PEBC y nos querían cortar los brazos de forma artera. Pero bueno, el tiempo, la justicia y las leyes nos dieron la razón”.

Dirigentes estatales del PBC, PT, Convergencia, PRI, PRD y PVEM, coincidieron en su momento en que el gobernador y el PAN querían verse beneficiados y hacer una elección de Estado con la reforma que finalmente fue rechazada. Dichos líderes ofrecieron una conferencia de prensa para aplaudir el fallo de la SCJN, que anuló en su totalidad la reforma electoral del 12 de octubre.

Alejandro Ruiz Uribe, dirigente estatal del PRD, expresó: “el gobernador y el PAN no entienden que los actores políticos y las instancias democráticas del país están cambiando. Prueba de ello es la resolución de la Suprema Corte. No solamente les han corregido la plana sino que los han exhibido como perversos, ‘madrugueteadores’ y elementos nocivos para el fortalecimiento de la democracia”.

Por su parte, Néstor Araiza, dirigente estatal interino del PT, dijo que con la propuesta del gobierno panista y sus diputados estatales, los únicos beneficiados iban a ser ellos. Eduardo Ledesma Romo, dirigente del PVEM, dijo que desde que se aprobaron las reformas se dieron cuenta de que era algo antidemocrático, por ello el resto de los partidos decidió unirse.

Mario Madrigal Magaña, dirigente estatal del PRI, expresó que ahora es un compromiso de todos los partidos trabajar por una reforma electoral que le dé planteamientos a la sociedad, al estado y a los partidos, aunque ésta será después de las elecciones.

Líos en consejo electoral

El fallo de la Suprema Corte, que invalidó la reforma electoral, significó un duro revés para el Partido Acción Nacional, el cual impulsó cambios importantes a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales. Fue un golpe más en un lapso muy corto. El primero tuvo lugar el 20 de diciembre pasado cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la reinstalación de tres consejeros que, según los diputados locales, serían sustituidos ese mismo día.

Luego de invalidar la designación y obligar al Congreso a restituir el proceso de designación de los consejeros electorales, así como reducir a cuatro el número de los nuevos consejeros, Víctor Alarcón Requejo, Tonatiuh Guillén López, María del Pilar Olmedo García y Humberto Hernández Soto, fueron designados como consejeros ciudadanos.

Como consejeros supernumerarios fueron designados Guadalupe González Rubio y Mariana Ceja Díaz, y fueron ratificados para un nuevo periodo de tres años los consejeros José Luna Velásquez, Raúl Flores Adame y Jaime Vargas Flores.

Víctor Alarcón Requejo, periodista y consejero ciudadano promovido por el diputado panista Carlos Astorga Othón como presidente del Consejo Estatal Electoral para el periodo 2007-2010, fue acusado por el mismo legislador de actuar presuntamente al margen de la legalidad. Esto, por la destitución de los titulares del Instituto Estatal Electoral (IEE) y del Registro Estatal de Electores (REE), después de que Salvador Morales Riubí, dirigente Estatal del PAN, señaló tener sospechas fundadas de que Víctor Alarcón estaría siendo asesorado por el PRI.

En los círculos políticos, la asignación de los consejeros ha producido pérdida de credibilidad e independencia en el Consejo Estatal Electoral.

Credencial con fotografía

Como preámbulo a la Reforma, el Congreso estatal eliminó la credencial con fotografía, creada en 1992 durante el sexenio del primer gobernador emanado de Acción Nacional, Ernesto Ruffo Appel. Después de ser defendida durante años por el gobernador Eugenio Elorduy y por los diputados, militantes y funcionarios panistas, como emblema de la democracia estatal, repentinamente se decidió eliminar su uso, al señalar que cumplió su ciclo.

El gasto de 65 millones de pesos que generaba en año electoral, ahora se consideró muy alto. El diputado presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, el priísta Obed Silva Sánchez, fue quien propuso ante el pleno legislativo eliminar la credencial estatal, como ya lo habían propuesto insistentemente varios diputados de oposición en anteriores legislaturas.

La secretaria general del PRD, Ana María Fuentes, demostró que en una auditoría realizada por el despacho particular Amaya Rábago, en 2004, en el listado estatal de 1.7 millones de electores se encontraron un millón 116 mil inconsistencias. Entre éstas, 105 mil electores que no recogieron la credencial, 139 mil 209 electores inexistentes, 394 mil 875 desconocidos por sus vecinos y 492 mil 698 que cambiaron de domicilio.

“Los panistas se encontraron con un diferencia de 255 mil ciudadanos que estaban en el padrón federal y no aparecían en el estatal”, aseguró el diputado Obed Silva Sánchez. Por primera vez desde hace casi 18 años, ahora se usará para votar en elecciones locales la credencial del IFE, la misma con la que arrasó el PAN en las pasadas elecciones federales. El padrón también lo aportará el mismo Instituto.

 

 

 

Impugnan ley “antichapulín”

Los priístas están en espera del resultado de la impugnación de la llamada ley “antichapulín”, reformas a la Constitución de Baja California que generan las bases jurídicas para impedir que los representantes populares que fueron electos para ejercer un cargo público al mismo tiempo realicen actos proselitistas para aspirar a otro puesto de elección popular. Dichas reformas se encuentran ahora en disputa en la justicia federal. Del resultado de esta querella depende si Jorge Hank Rhon, presidente municipal de Tijuana con permiso, va o no va como candidato a la gubernatura del estado.

Paradójicamente esta iniciativa de reformas a los artículos 18, 42, y 80 de la Constitución local, fue presentada el 11 de julio de 2002 por el entonces diputado priísta Fernando Castro Trenti (después secretario del XVIII Ayuntamiento de Tijuana y gran amigo de Jorge Hank).

Aprobada por unanimidad y sin debate, los diputados Marcelino Hidalgo y Enrique Acosta, del PRI, y Alejandro Ruiz Uribe, del PRD, aclararon que el posicionamiento del diputado Castro Trenti correspondía a toda la fracción priísta, quienes, junto con diputado Antonio Araiza Regalado, del PAN, impulsaron dicha Ley.

Promulgada el 4 de octubre de 2002, la ley “antichapulín” ya ha sido aplicada y ahora se pretende anular. A consulta presentada por el PRI, cuatro de los siete integrantes del Consejo Estatal Electoral interpretaron esa reforma y dijeron que no aplica para quien, teniendo un puesto de elección pueda brincar a otro, que hay “errores gramaticales” que no la hacen aplicable.

Por su parte, el presidente del Tribunal Estatal Electoral, Germán Leal, dice que se puede alegar y ganar un amparo contra el párrafo tres del artículo 42 de la Constitución de Baja California, que establece que no podrán ser electos “los diputados, senadores del Congreso de la Unión, diputados locales, presidentes municipales, síndicos procuradores y regidores de los ayuntamientos durante el periodo para el cual fueron electos; aun cuando se separen de sus cargos. Con excepción de los suplentes, siempre y cuando estos no estuvieren ejerciendo el cargo”.

 

 

 

Presupuesto, la controversia

El Poder Judicial de Baja California está planteando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, para buscar mayores recursos que los aprobados por los legisladores. Y es que con el voto de 12 legisladores del PAN y uno del PRI, Carlos Montaño, le fue otorgado un presupuesto de sólo 467 millones de los mil 225 solicitados.

José Julio Santibáñez Alejandro, consejero de la Judicatura local y presidente de la Comisión de Administración, consideró que se privilegiaron aspectos presupuestales de imagen y publicidad del gobernador Eugenio Elorduy Walther para el año electoral que viene, además de que el presupuesto para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública local, es de 2 mil 100 millones del pesos.

Añadió que “no es falta de dinero sino falta de voluntad del gobernador y de los legisladores para apoyar al Poder Judicial”, pues tan sólo para la PGJE hay un presupuesto de mil 299 millones de pesos. El consejero calificó de incongruente que para una sola dependencia se apruebe el triple que para el Poder Judicial.

Detalló que de los mil 227 millones de pesos que solicitaron, el Poder Ejecutivo sólo aprobó 467 millones 208 mil 882 pesos. La misma cantidad aprobada para 2006. De lo solicitado, 590 millones eran destinados al gasto operativo anual, y el resto para la creación de 34 juzgados y tribunales para adolescentes, a fin de dar respuesta a la nueva legislación en materia de Justicia para Adolescentes.

Pero con esta decisión, el Poder Judicial no crecerá a pesar de que aumentarán las cargas de trabajo, y el costo político y social, dijo, es para la comunidad bajacaliforniana.

Entre lo solicitado, destaca el presupuesto del Consejo de la Judicatura, proyectado para la apertura de nuevas áreas jurisdiccionales en el estado, por 318 millones 978 mil 182 pesos, incluyendo más personal, la integración de 10 juzgados civiles, 16 juzgados penales, cuatro juzgados familiares, cuatro juzgados de paz, dos salas y seis juzgados para adolescentes, un juzgado para Rosarito, tres bibliotecas y una coordinación de comunicación social. 

Santibáñez Alejandro comentó que ya solicitaron a la Suprema Corte de Justicia les sea atorgado el presupuesto necesario a fin de dar cumplimiento a los proyectos que abonen a la impartición y administración de justicia como lo marca la ley. Dentro del presupuesto se contempla la creación de 34 juzgados civiles, penales, familiares y mixtos en toda la entidad, así como cuatro salas superiores. El plan contempla instalar un juzgado mixto en Punta Prieta. La necesidad de estos espacios, continuó, es necesaria por el crecimiento de la población y los índices delictivos, lo que incrementa el número de asuntos por atender. 

Santibáñez señaló que en Baja California sólo se cuenta con 52 juzgados, mientras que en otras entidades con la misma población tienen suficientes tribunales, y citó los estados de Chihuahua –que cuentan con 86 juzgados–, Tamaulipas –126– y Veracruz –con 177–.

En días pasados, en Mexicali empleados del Poder Judicial tomaron las instalaciones del Consejo de la Judicatura. Y se prevé que habrá más plantones o movimientos del personal en los siguientes meses. “La gente pide justicia porque desde hace seis años no se les aumenta salario ni a los secretarios de acuerdos ni a los actuarios, pese a que son ellos quienes llevan a cabo casi todo el trabajo dentro del Poder Judicial”, argumentó.

Desde las pasadas elecciones locales de 2004, en las que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que ha permanecido desdeñada por los diputados, sin atender sus rezagos. Incluso, al magistrado Armando Bejarano Calderas, ex funcionario de la Secretaría de Gobierno estatal, se le adeudan más de 800 mil pesos de sueldo.

Este año, para el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado se solicitaron 22 millones 475 mil 47 pesos, pero sólo se autorizaron 13 millones 114 mil 504 pesos, aun cuando necesitan la contratación de actuarios y proyectistas, para hacer frente al trabajo electoral. Esto se interpreta como una venganza política por haber interpretado la Ley “antichapulín” en contra de su sentido original. El presupuesto no le alcanza al tribunal para sueldos decorosos, estuvieron en 2005 más de 10 meses sin sueldo, desde los magistrados hasta el personal de intendencia, con demandas laborales.

Sin embargo, el Congreso podría autorizar un crédito para atender el rezago en materia de infraestructura y equipamiento del Poder Judicial, informó Gilberto González Solís, diputado panista y secretario de la Comisión de Justicia. Reconoció que son necesarias acciones que permitan descongestionar la carga tan fuerte que tienen los juzgados en Baja California, sobre todo Tijuana y Mexicali.

“Sabemos que para ello se requiere de mayor número de juzgados y para su equipamiento una cantidad muy fuerte, ya que hay un rezago de más de 12 años. Quizá este año tengamos que dar un primer paso, si no es a través de dinero directo del presupuesto; que haya cuando menos el compromiso de los tres poderes para en este caso prever recursos a través de un crédito”, expresó.

“Es algo que el propio Poder Ejecutivo ha planteado, ya que se requieren de más de mil millones de pesos para la infraestructura y equipamiento del Poder Judicial. Habrá que valorar cuáles son las prioridades, y creo que la vía del crédito es importante. Si se aprueba un presupuesto muy alto el próximo año no se podrá disminuir”, expuso.

Aun así la Comisión de Justicia de la actual Legislatura piensa bajar al pleno la iniciativa de los juicios orales y de justicia alternativa, luego de que recientemente se aprobó la reforma judicial y la justicia para adolescentes.

Jaime Xicoténcatl Palafox Granados, diputado local del PRD con licencia y candidato a presidente municipal de Ensenada por la Alianza para Vivir Mejor, coalición de los partidos PRI, PVEM y PEBC, solicitó mediante un punto de acuerdo al Ejecutivo estatal que verifique la disponibilidad de financiamiento del Banco Mundial para llevar a cabo un programa de modernización integral del Poder Judicial del Estado.

 

 

 

Diputados ante la corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría destituir a los diputados y consignarlos ante un Juez de Distrito, acusados de abuso de autoridad y desacato por negarse a reinstalar a cuatro ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Al considerar que el TSJE tendría un crecimiento desordenado e irresponsable –porque pasaría de tener actualmente 13 magistrados a 17–, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito acordaron remitir el expediente del desacato del Congreso del Estado a la Corte Federal: “se declara fundado y se remite a la SCJN por incumplimiento de la sentencia”, indica el documento colocado en los estrados del Juzgado.

Los ex magistrados Felipe Padilla Villavicencio, Óscar Javier Navarro, José Antonio Pérez Pérez y José Palomino Castrejón, ganaron los amparos para ser reinstalados.

Pese a que el Congreso ya agotó los recursos legales, los diputados locales se niegan a reinstalar a los ex magistrados, con lo que violan el artículo 107, fracción XVI de la Constitución mexicana, que establece: “Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda”.

En octubre de 2003, la XVII Legislatura de Baja California decidió destituir a tres magistrados en funciones del Tribunal de Justicia, junto con otros nueve ex magistrados del Poder Judicial destituidos meses antes por la anterior Legislatura. En un proceso sin precedentes en el país, los 12 sancionados fueron sometidos a un juicio político por el pleno, erigido en Jurado de Sentencia.

En dicho juicio político, los magistrados fueron hallados responsables de usurpación de atribuciones por haber designado de manera ilegal a jueces civiles en Tijuana y Tecate, y por omitir una orden federal, causando una pérdida económica al Poder Judicial por 786 mil 535 pesos.

Al respecto, el actual coordinador del grupo parlamentario del PRI, Obed Silva Sánchez, dice que el partido tricolor no será comparsa de desacatos a la Suprema Corte y que, por parte de ellos verán la forma de que se cumpla lo ordenado por las autoridades judiciales.

Otro de los pendientes es la reposición de 9 millones de pesos al Poder Judicial, también por mandato de la Suprema Corte. Se trata de dinero que utilizaron los magistrados y que ahora debe ser resarcido, pues ante la negativa de tener los recursos por parte del Congreso, los tomaron de unos remanentes de diferentes cuentas.

Impugnan proceso

En diciembre pasado, el Congreso local emitió la convocatoria para renovar el Tribunal de Justicia Electoral estatal, pero se vio precisado a cancelarlo por que los magistrados actuales ganaron una suspensión de amparo de tribunales federales de circuito, por lo que no podrán ser removidos.

Los magistrados Elba Regina Jiménez Castillo, Germán Leal Franco y Armando Bejarano Calderas, continuarán en sus puestos.

La resolución definitiva de la justicia federal implicó que la nueva elección quedara sin efecto, para la cual habían solicitado registro como aspirantes 49 abogados de la entidad.

La magistrada Elba Regina Jiménez es recordada porque inclinó con su voto el fallo en 2004 para revertir los resultados de la elección para alcalde de Mexicali a favor de la Alianza para Vivir Seguro (PRI-PVEM), cuyo candidato era Samuel Ramos. La magistrada denunció después, no sin temor a represalias, que un panista muy allegado al entonces representante del PAN ante el Consejo Estatal Electoral, Salvador Morales Riubí, hoy presidente estatal de este partido, la intentó sobornar con 50 mil dólares para que no hiciera el dictamen adverso al panista Alejandro Bahena.

 

 

Publicado en: Marzo 2007 / Año 2 / Número 23



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