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BAJA CALIFORNIA  
 

Violencia y Feminicidios imparables

Lorena Rosas
Los llamados feminicidios que se registran en Baja California evidencian graves problemas de discriminación de género y violencia, y rebasan la problemática de salud pública.

 

 


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La Procuraduría General de Justicia de Baja California revela que desde enero de 2000 hasta abril de 2007, 317 mujeres perdieron la vida en la entidad por homicidios dolosos; de estas muertes, 186 ocurrieron en Tijuana, 94 en Mexicali, seis en Playas de Rosarito, cuatro en Tecate y 20 en Ensenada.

Elsa Jiménez Larios, presidenta de la organización civil Yeuani, e investigadora de la Comisión Especial de Feminicidios de la anterior legislatura federal, señaló que es preocupante que en la mayoría de los casos del 2000 al 2004, es decir, en 128, de los 191 homicidios realizados en ese lapso, se ignora el móvil y el arma con la que se perpetraron, lo cual se podría deber a deficiencias en las averiguaciones.

“Es difícil creer que en Tijuana se registraron 120 crímenes de mujeres en cuatro años, y en 76 de ellos, la Procuraduría General de Justicia del Estado desconozca el móvil del crimen. De seguir esa tendencia, se podría superar el número de homicidios en contra de mujeres que se han cometido en Ciudad Juárez, que en 10 años ha registrado más de 340. Este marco de abandono ha permitido una continuidad delictiva que coloca al estado de Baja California como una de las zonas de mayor inseguridad en el país”.

Jiménez Larios, destacó la impunidad que prevalece en torno a esos crímenes por la falta de voluntad política para resolverlos: Autoridades incapaces de ejercer justicia, de brindar seguridad; la creación de estructuras burocráticas que no han llegado al fondo del asunto, saber quién o quiénes asesinaron a las mujeres, detenerlos y ponerlos en manos de la justicia, para que reciban el castigo correspondiente; se requiere un conocimiento de los derechos y tratados que impulsan estos derechos de la mujer.

Esto obligaría a todos los poderes, en sus tres niveles, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a cerrar todos los espacios de impunidad, incluido el ámbito de los instrumentos jurídicos para sancionar casos de feminicidio que están afectando a Baja California.

Luis Corrales, se disponía a iniciar el riego de la parcela número uno del ejido Hechicera, cuando de pronto observó un cuerpo femenino ya descompuesto, en el interior del canal. Vestía una blusa con pantalón de mezclilla y una pantufla rosa en el pie derecho; además, tenía cinta cristalina atándole las manos, pies y cuello. Se estremeció al recordar que dos meses atrás, otra mujer, Anabel López Ochoa, también fue tirada en las inmediaciones del ejido Hechicera; atada de manos y pies, Anabel presentaba un embarazo gemelar de cuatro meses y dos impactos de arma de fuego en la cabeza.

María Elizeth Quiñones Martínez, de 22 años, salió por última vez de su casa, ubicada en la colonia División del Norte, el 19 de marzo muy temprano, en su propio auto después de recibir una llamada, dejando a sus dos hijos gemelos de dos años y a su hermano en el domicilio. María sostenía una relación con un hombre casado, con quien procreó a sus dos hijos, al que solamente conocen sus familiares por el nombre de Ramón, quien al parecer actualmente se encuentra desaparecido.

Su cuerpo fue encontrado en un canal de riego en el Valle de Mexicali, aunque no se localizó su carro ni el celular. El reporte del Servicio Médico Forense, indica que la joven murió de asfixia por ahorcamiento, atada con cinta cristalina en pies y manos, así como en el cuello y al parecer fue torturada.

Mientras María Elizeth trabajaba en una fábrica conoció a Ramón, quien era mayor que ella y tenía esposa, pero aun así tuvo una relación con él; sus vecinos siempre la apoyaron cuando su pareja la trataba mal, incluso cuando llegó a golpearla.

El párroco Germán Orozco, mencionó que en varias ocasiones acudieron a poner una denuncia en contra del hombre por la agresión, pero días después la mujer lo perdonaba y volvía con él. Relató que en un tiempo María daba clases de catecismo, pero al enamorarse de Ramón dejó de hacerlo y se separó un poco de la iglesia.

Diez días más tarde, en la colonia San Miguel, ubicada al Poniente de Mexicali, sobre un camino de terracería se localizó el cadáver de una mujer envuelta en una cobija, identificada como Claudia Lorena Favela Jiménez de 22 años, y se presume que la arrojaron desde un vehículo en movimiento.

La causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento manual, según la necropsia practicada en el Servicio Médico Forense. Claudia Lorena tenía dos hijos, un niño de 8 años y una niña de 4, quienes viven hoy con su abuela materna. En ambos casos las mujeres fueron estranguladas, abandonadas en un lugar en despoblado, contaban con 22 años y por coincidencia, las autoridades no tienen información sobre los responsables de cometer estos homicidios.

Atención a la mujer

Instalar una Subprocuraduría de Atención a la Violencia de Género y conseguir un Acuerdo del Tribunal para que los juzgados también sean especializados en la atención a la mujer, son las propuestas que impulsa el Instituto Estatal de la Mujer, en el marco de la creación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Baja California.

Gabriela Navarro Peraza, titular de Inmujer en la entidad, asegura que eso permitirá que la gente que trabaje en esa Subprocuraduría sea experta en los comportamientos de la mujer como víctima y victimario. 

Señaló que las mujeres en Baja California se sitúan cada vez más en situaciones de mayor peligrosidad porque han incursionado en el ámbito de las cosas no lícitas.

“Por primera vez estamos visibilizando que las mujeres están muriendo a manos de gente cercana a ellos, son cuestiones a veces pasionales, pero también hay otro tipo de mujeres como lo hemos visto en los últimos días que traen la marca del crimen organizado", expresó.

Informó que en este momento trabajan el sistema estatal que buscará adecuar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia federal a Baja California.

"Esta ley te habla no sólo de la violencia en la familia, te habla de la violencia institucional, de la violencia laboral, de la violencia feminicida, cuando ya son grados extremos de violencia hacia la mujer por ser de este género, y vemos que hay una completa impunidad en estos actos".

En un Centro Naturista ubicado sobre la avenida Reforma en el centro de Mexicali, se encontró el cuerpo sin vida de Selma Isabel Rodríguez Verdugo, de 27 años, quien presentaba catorce heridas ocasionadas por un objeto punzo cortante. Al platicar con un cliente, y resaltar que las personas con poder económico no pisaban la cárcel si cometían delitos, firmó su sentencia de muerte.

“Selma se estaba burlando de mi antigua novia, quien murió atropellada por una persona que así como entró, salió de la cárcel y no le hicieron nada porque tenía mucho poder”, dijo ante el Ministerio Público Jesús Israel Herrera Guzmán, su verdugo.

Declaró que había planeado el asesinato dos días antes tras burlarse Selma de su dolor. “Agarré la navaja y le di la primer puñalada, me preguntó por qué... Me dijo que me llevara el dinero, yo le dije que no era por dinero, la llevé para atrás y le di la segunda puñalada, y ya no recuerdo cuantas más”.

El cuerpo sin vida de Acela Herrera Gurrola, una anciana de 78 años, fue encontrado en la parte posterior de su domicilio, en el conjunto residencial "La Escondida", un fraccionamiento de alto nivel económico de Tijuana, con huellas de violencia en el rostro, tenía las manos y pies atados con cinta adhesiva color gris y presentaba huellas de haber recibido golpes en la cabeza, los que al parecer ocasionaron su muerte.

Herrera Gurrola fue encontrada por sus familiares que acudieron en su búsqueda porque no había salido de su casa por varios días; el carro de la víctima no fue encontrado.

La Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos de la Procuraduría General de Justicia del estado, dio inicio a la averiguación previa 72/ 07/ 2001 que permita esclarecer los hechos; en varios años, no se había presentado un homicidio que involucrara a una anciana encontrada con signos de tortura en su cuerpo.

La nueva Ley federal obliga al Estado y los municipios de la entidad a procurar los programas y el presupuesto necesario para lograr la legislación necesaria para terminar con los feminicidios y otros delitos asociados con la violencia de género, aseguró Elsa Jiménez, directora de la organización Yeuani.

La investigadora destacó que en el 2006 el Gobierno del estado sólo destinó 3.80 pesos por cada mujer bajacaliforniana a la creación de programas para garantizar el respeto a los derechos humanos del sexo femenino.

Esto equivale, dijo, a sólo un 0.09 por ciento del presupuesto total de Baja California. “La problemática se centra principalmente en los casos de violencia intrafamiliar, la falta de información confiable y los homicidios de mujeres que las autoridades estatales han tratado de omitir, aunque las cifras muestran el nivel alarmante de feminicidios en el Estado”, afirmó Jiménez Larios.

Sin garantías

En Tijuana, en el marco de la octava reunión nacional de mujeres de radio, Mayela García, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Radialistas de México, explicó en el análisis de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigencia el 2 de febrero del 2007, cómo se establece la responsabilidad del Estado de construir los mecanismos suficientes para garantizar los derechos de las mujeres.

“Ninguna otra ley es tan clara en establecer que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, la integridad, igualdad y no discriminación de la mujer, sin embargo, observamos a los presidentes municipales, gobernadores, senadores, diputados locales y federales, que muestran total apatía ante esa realidad.

“Denunciamos la violencia contra la mujer como el problema fundamental actual. De la situación de violencia deriva todo conflicto individual y social. Al hablar de violencia no nos referimos sólo a su expresión más grosera, la violencia física, reconocible en la tortura, el atentado, el asesinato, la agresión delictiva y el castigo corporal.

Hablamos también de una violencia económica que se expresa en la explotación, desocupación y subocupación; una violencia racial conocida como discriminación, segregación, xenofobia hacia las indígenas; una violencia religiosa como fanatismo o intolerancia. Hablamos de la violencia que crece en las relaciones familiares, en el barrio, en la escuela, en la universidad y el trabajo, del mismo modo en que crece la violencia psicológica, hasta llegar a estos trágicos desenlaces feminicidas que pudieran parecer simplemente individuales y que son las manifestaciones del sistema de presión violenta en el que se vive, se educan y crecen las nuevas generaciones, finalizó la lideresa de las mujeres conductoras de radio del país.

En el pronunciamiento que cerró los tres días de trabajos del encuentro, mujeres de radio y de organismos no gubernamentales de atención a la mujer, demandaron que los gobiernos de los tres niveles legislen y asignen recursos para la prevención, protección, asistencia y atención de la violencia hacia las mujeres, que coadyuven a erradicarla.

Pidieron que las legislaciones local, regional y nacional, se armonicen u homologuen con tratados internacionales en materia de violencia contra las mujeres, además que consideren y tipifiquen sus recursos en la formulación e implementación de políticas públicas.

Entre las demandas destaca también la implementación de una política de Estado postrefugio, para las mujeres y sus hijos afectados por la violencia dentro de la familia, o cualquier otra relación interpersonal.

Esta política, destaca el pronunciamiento, debe incluir acciones para la recuperación de sus pertenencias, vivienda en tránsito, apoyo laboral o económico, acceso a la salud, educación y cualquier otra relacionada con el desarrollo pleno de las víctimas. Demanda establecer sanciones para funcionarias y funcionarios públicos que obstaculicen la adecuada protección e impartición de justicia a las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.

Morir asesinada

María Teresa García Esparza, de 44 años, y Adrián Padilla Muñoz, de 34, sostenían una relación amorosa desde hacía seis meses. El día internacional de la mujer, Adrián llevó a Teresa a un cuarto del motel “Alves”, que se encuentra rumbo a la carretera a Tijuana, en la colonia Porvenir.

Ella se dedicaba a la venta de ropa de segunda, mientras que Padilla Muñoz, soltero, estaba al cuidado de su madre y sus hermanos; a pesar de su relación intensa, no vivían juntos y tenían problemas constantes de pareja por el carácter violento de él, por lo que Teresa ya había tratado de abandonarlo. Después de estar juntos, sin más, Adrián le disparó en la sien y luego se suicidó. Según la prueba de Walker, el disparo por arma de fuego se hizo a corta distancia y sin resistencia de ella.

Beatriz Lorenia Valle Gracia, de 29 años, fue asesinada de tres impactos de arma de fuego por su esposo y padre de sus hijas de 9, 6 y 4, Héctor Díaz Pérez, de 30, quien después se suicidó. Beatríz se encontraba en el interior de su trabajo, un acreditado negocio dedicado a la venta de pisos y azulejos, hasta donde llegó Héctor, la agredió y la golpeó para después llevársela al baño, donde la mató, después, él se disparó en la cabeza. Tenían poco tiempo separados y Beatriz, acompañada de sus niñas, vivía con su mamá y hermana, mientras realizaba los trámites de su divorcio.

El jefe del Servicio Médico Forense, Francisco Acuña Campa, mencionó que el cadáver de Beatriz Lorenia presentaba tres heridas producidas por arma de fuego: un impacto en el temporal derecho, uno más en el pecho y otro en el abdomen, los cuales le provocaron la muerte.

“Por las huellas de los impactos todo hace suponer que posiblemente al ver que la mujer no moría, le hizo las otras dos detonaciones”. En el caso de Héctor solamente presentaba un proyectil de arma de fuego en la cabeza a la altura del temporal derecho.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia no ha concluido las investigaciones para determinar las causas que llevaron al hombre a matar a su esposa y dispararse después. Las tres hijas de la pareja fueron llevadas con especialistas para explicarles lo ocurrido y recibir atención adecuada.

El 36 por ciento de las mujeres de Baja California es víctima de la violencia física o sicológica en su hogar y un 47 por ciento ha sufrido violencia familiar al menos una vez en su vida, revela un estudio elaborado por la Secretaría Federal de Salud. Esto equivale a que, siendo la población femenina un número aproximado de un millón trescientas mil en Baja California, 421 mil 044 mujeres de la entidad son víctimas de la violencia actualmente y 530 mil 957 lo han sido alguna vez en sus vidas.

La titular del departamento de Violencia Familiar de Isesalud, la psicóloga Norma Eloiza González Higuera, dijo que normalmente se ha minimizado el problema de la violencia contra las mujeres y malamente se le ha asimilado como un factor cultural.

Los resultados de la encuesta fueron dados a conocer durante la inauguración del Primer Encuentro Sobre Violencia Intrafamiliar, organizado por el DIF Municipal de Tijuana. El estudio de la Secretaría de Salud se basó en una encuesta con una muestra de 810 mujeres bajacalifornianas usuarias del IMSS, ISSSTE y los centros de salud de la Secretaría.

La cantidad es bastante alta, agregó González Higuera, sobre todo si se toma en cuenta que muchas mujeres nunca se atreven a denunciar la violencia que sufren en sus hogares, lo que indica que el número real podría ser aún mayor.

Poco a poco, explicó, las mujeres han ido perdiendo el miedo a denunciar a sus maridos, pero ha sido muy difícil lograrlo y existen muchas que aún sienten temor, pues asimilan la violencia como un proceso normal del matrimonio.

En América Latina una de cada tres mujeres sufre violencia, es un problema que siempre ha sido minimizado y se le pretende ver de manera muy natural, pero es gravísimo. El rango de edad en que las mujeres sufren mayores maltratos es entre los 30 y los 45 años, expuso. “Es la edad en que la mujer es más productiva, la mujer se vuelve más independiente, más autosuficiente y el marido siente el contraste en los roles y no sabe asimilarlo”, dijo la sicóloga.

El estudio también demuestra que la mayoría de las mujeres que son objeto de violencia, tienen muy baja preparación académica.

Mientras tanto, la directora del DIF Municipal de Tijuana, Myrna Rincón Vargas, destacó que hay actualmente una brigada de 94 trabajadoras sociales que están trabajando en las colonias que han resultado con más alta incidencia de violencia familiar.

La idea, añadió, es que las trabajadoras hablen con vecinas para que les denuncien cualquier caso de violencia doméstica, lo cual ha ayudado mucho, pues entre mujeres es más fácil hablar, desahogarse y perder el miedo a denunciar la violencia. Las colonias de la delegación La Presa, como el Florido y el Mariano Matamoros, es donde las promotoras han encontrado más alta incidencia de maltrato.

 

 

 

Autoridades negligentes

Ana Isabel Ortega Rojas, de 29 años, murió el 22 de febrero a causa de golpes que le propinó su ex pareja sentimental, Manuel Hernández Cázarez, de 44, quien ya había sido detenido tras una denuncia.

La Policía lo arrestó el 20 de febrero, tras recibir una llamada de Ana Isabel, quien solicitó la presencia de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar al recibir una golpiza y amenazas de muerte.

Los agentes lo trasladaron a la Comandancia de Policía, mientras Ana Isabel acudió a la Agencia Receptora del Ministerio Público a poner su denuncia por amenazas y lesiones en contra de su ex pareja, de quien tenía más de dos años separada por temporadas.

Ana, era originaria del estado de México, con su marido, decidieron venir a vivir a Mexicali para buscar atención médica para su hijo mayor, quien padece un mal congénito que le impide caminar bien, pero iniciaron los problemas y los golpes, debido a que su pareja se hizo adicto al alcohol, aunque Ana, para evitar problemas, no lo denunciaba. Ana Isabel lavaba y planchaba ajeno, limpiaba casas y vendía ropa de segunda, pues Manuel no le daba dinero para la alimentación de sus dos hijos, José Manuel y Ernesto de 3 y 6 años.

Dos días después, por venganza, ya que ella lo había denunciado y metido a la cárcel, y por celos, al intuir que la madre de sus dos hijos, pudiera tener otra pareja, hicieron a Hernández Cázarez regresar a la casa de Ortega Rojas, con quien discutió de nuevo y cumplió sus amenazas al golpearla y dejarla mal herida.

En su declaración ante el agente del Ministerio Público del fuero común, ratificada en el Juzgado Sexto de lo Penal, reconoció que debido al enojo que llevaba se abalanzó sobre Ana Isabel, a quien tomó de los cabellos y tumbó al piso de cemento del patio de la casa, en el cual la estrelló en más de cinco ocasiones, además de golpearla con puños y puntapiés. En la misma declaración indica que al ver que su ex mujer sangraba demasiado optó por darse a la fuga.

Ana Isabel fue trasladada al hospital civil en donde murió víctima de las lesiones, mientras que él fue detenido el mismo día y fue consignado ante el Ministerio Público por homicidio calificado.

Arrepentido, Manuel asegura que fueron los celos y el odio los que lo llevaron al extremo de causarle la muerte a Ana ante el temor de que lo dejara definitivamente; aceptó que había acudido en varias ocasiones a amenazarla porque creía que tenía otra relación.

En el expediente se encuentra también la denuncia previa que Ana Isabel Ortega Rojas realizó el 21 de febrero, donde ratificaba ante el Ministerio Público las denuncias por amenazas de muerte por parte del padre de sus hijos. Las amenazas, finalmente, Hernández Cázarez las cumplió un día después.

Pero este crimen es justificado por las autoridades con el argumento de que el Código Penal señala que las amenazas no son un delito grave, por lo que el acusado tenía que ser dejado en libertad, ya que ella lo había denunciado únicamente por este delito.

Mientras, Rafael Ladrón de Guevara, director de Asuntos Internos de la Procuraduría de Justicia, aseguró que la actuación de Fidel Torres, agente del Ministerio Público que liberó a Hernández Cázarez, fue la correcto, y mencionó que aún continúa el análisis del expediente sobre el actuar del agente en cuanto a la protección de la mujer tras presentar la denuncia por amenazas por segunda ocasión a la agencia receptora.

“El Agente del Ministerio Público trabaja normalmente, por eso es una investigación previa, de existir alguna irregularidad se removería y luego se suspendería”, aseguró Ladrón de Guevara.

Indicó que el Artículo 171 del Código Penal establece que el que amenace a otro con causarle un daño en su persona, bienes o un tercero con quien el ofendido tenga vínculos, se le impondrá de seis meses a un año en prisión o trabajo a favor de la comunidad hasta por seis meses.

Aclaró que el Artículo 18 Constitucional establece que sólo por delito que permanezca pena corporal, habrá lugar a prisión preventiva, lo cual no era el caso, al ser sólo las amenazas y los golpes sanaban antes de 15 días.

El mayor obstáculo para que las mujeres tengan justicia en el tema de violencia familiar, es el Artículo 242-bis del Código Penal del estado, que establece que para castigarlo, el maltrato debe ser reiterado.

La diputada Elvira Luna Pineda precisó que el término “reiterado”, implica que las mujeres deben tener por lo menos dos constancias del Ministerio Público, donde comprueben que han acudido a denunciar a su agresor.

Esto es totalmente contradictorio a justicia y a derecho, consideró, pero así está en el Código, y así no proceden las denuncias, porque se atiende a la víctima, pero si el agresor no es ni siquiera llamado a declarar, lo demás se vuelve imposible de cumplir.

“Desafortunadamente ya que muere una mujer, todos se rasgan las vestiduras, se llaman a cuentas, se dicen sorprendidos, y todos están abatidos por la muerte de esta mujer, pero cuando hablamos de una reforma necesaria para que esta mujer tenga justicia y no la maten, ahí es cuando no pasa nada”.

El Ministerio Público no actuó de manera correcta, pues pudo haber orientado y canalizado a Ana Isabel a una institución para protección y no lo hizo, aseguró Elvira Luna Pineda. La diputada panista mencionó que el Ministerio Público pudo haber aplicado el Artículo 8 fracción 7 del Reglamento de Atención y Protección a las Víctima o el Ofendido. 

Este Artículo establece “que la autoridad investigadora o jurisdiccional dicte las providencias legales y medidas de seguridad necesarias para proteger su vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de familiares directos...”. 

Indicó que el Ministerio Público contaba con facultades para orientar a la mujer después de haber presentado su denuncia y canalizado a instituciones como el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar de Mexicali.

“Esta mujer fue por sus propios medios para poner la denuncia que en muchas ocasiones nos pide la Procuraduría de Justicia que haga el ciudadano, desafortunadamente no hubo orientación y ocurrió la muerte”, señaló la diputada presidenta de la Comisión de Equidad del Congreso del Estado.

Pero Antonio Martínez Luna, procurador de Justicia del estado, opinó distinto; “La señora Ana Isabel no sé si pudo prever hasta dónde podía llegar su pareja, porque también se reciben muchas denuncias por amenazas, no solamente contra mujeres, sino con otras personas”.

Aseguró que en el 2006 se reportaron un total de mil 242 denuncias por el delito de amenazas ante la Procuraduría de Justicia, mientras que el 2005 se presentaron mil 478 casos. 

“El actuar del Ministerio Público que liberó al hombre fue el correcto, al seguir lo que marca el Código Penal, sin embargo, se realizará una revisión al expediente de la mujer que integró el agente del Ministerio Público por parte de Asuntos Internos, pero si todo está conforme a derecho no puede haber sanción”, aclaró.

Martínez Luna explicó que el Ministerio público dejó en libertad a Hernández Cázarez, debido a que la denuncia por amenazas no es delito grave, de acuerdo con el Código Penal, además de que la víctima no presentaba lesiones que tardaran más de quince días en sanar.

"En Baja California, donde las menores violadas deben comprobar que antes eran "castas y honestas" No se puede avanzar en el apoyo a la mujer mientras haya diputados encargados de la procuración de justicia, jueces y magistrados insensibles en el tema y crean que la violencia intrafamiliar es una cuestión doméstica, privada y normal; mientras haya cerrazón y machismo", manifestó la diputada local panista Elvira Luna Pineda.

 

 

 

 

Desalentar la denuncia

Bertha Valdéz, de 34 años, separada de su marido tras años de insultos, palizas y relaciones sexuales forzadas, ya no está convencida de denunciar a su esposo, pues en el Ministerio Público le hicieron ver que podría empeorar su situación al presentar la denuncia y que si él la quisiera matar podría hacerlo, poniéndole de ejemplo el crimen de Ana Isabel, ahora no confía en que será protegida por las instituciones públicas.

En entrevista, aseguró vivir encerrada en su casa con llave y sin hacer ruido para hacerle creer a su marido que había abandonado la casa. La abogada que la atendió le preguntó en dos ocasiones: ¿Está segura de lo que va a hacer? ¿está conciente de que denunciar a su esposo le traerá represalias y podría agravar más la violencia que vive?

En el Ministerio Público habían logrado convencerla de no denunciar la violencia y que acudir a las autoridades empeoraría su situación de grave riesgo. Sin expectativas de que las autoridades le brinden protección efectiva, permanece escondida y atenida a su precaria estrategia. Acudió ante el grupo Comunicadoras de Mexicali, buscando apoyo, presa del miedo de que las amenazas de muerte de su marido se hagan realidad.

Su experiencia, como la de muchas mujeres, de por sí devastadora, ha estado tradicionalmente reforzada por la desprotección y trato discriminatorio e inapropiado que encuentran de parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y agentes responsables de asistirlas, cuando ellas ponen en su conocimiento tales abusos y solicitan auxilio.

Y si algo ha caracterizado al sistema penal mexicano, es la impunidad, muchos son los factores que han contribuido con ella: la ausencia de un marco normativo acorde a la realidad delictiva, falta de capacitación y profesionalización de los servidores públicos, corrupción, dilación en la aplicación de la justicia, ausencia de protección a victimas y testigos, abusos de poder, entre otros.

Esto sólo demuestra que a pesar de todo esfuerzo internacional y nacional, aun no se cuenta en el sistema de justicia con un trato humanitario y libre de prejuicios; las leyes y la práctica han permitido diversas formas de colaboración o de complicidad con quienes violan, maltratan, humillan o incluso asesinan a una mujer.

 

Publicado en: Mayo 2007 / Año 3 / Número 25



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