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BAJA CALIFORNIA  
 

El destierro de los indeseables

Lorena Rosas
En busca del sueño americano, miles de mexicanos vulneran la seguridad de los cruces fronterizos, con el fin de pisar territorio estadunidense, ignorando los riesgos físicos y legales. Más de 106 mil connacionales fueron repatriados en lo que va del año.

 

 


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La convicción que tienen los migrantes mexicanos de encontrar un trabajo digno y una mejor calidad de vida en los Estados Unidos, es el caldo de cultivo que nutre ese dinámico proceso migratorio transfronterizo que distingue al norte del país.

La imposibilidad de lograr un empleo decoroso y el hecho de llegar al mercado laboral donde sobra la  demanda de mano de obra barata, son el trasfondo del fenómeno que cada año cobra decenas de vidas, que minimizan e ignoran los riesgos físicos y legales que implica el cruce de indocumentados.

En años recientes, las políticas de inmigración implementadas por Estados Unidos, ponen a México como virtual enemigo, y a los migrantes mexicanos como criminales por intentar acogerse en su país sin estar documentados para ello. Lo que genera acciones arbitrarias y violatorias a los derechos humanos por parte de grupos sociales que comparten una ideología xenofóbica.

Sin embargo, los migrantes también enfrentan sentimientos antiinmigrantes en México, cuando después de su fallido intento por cruzar a Estados Unidos, los indocumentados son repatriados, reciben el rechazo de la sociedad civil, y la criminalización e indiferencia constante de los funcionarios gubernamentales, que se refleja en la carencia de políticas públicas para defender sus derechos elementales.


Sin derecho a la salud
Antonio de Jesús Torres Aguayo, joven mexicalense con residencia legal en Estados Unidos, laboraba hasta hace unos días en la producción de leche en el rancho Las Palomas, cerca de Phoenix, Arizona; antes de llegar a su trabajo tuvo un accidente automovilístico el pasado 7 de junio, que lo mantuvo inconsciente casi un mes.

Al no contar con póliza de seguro para el pago del servicio médico, lo rechazaron y fue expulsado del vecino país por el Hospital St. Joseph de Phoenix Arizona, donde recibía cuidados intensivos. El joven fue trasladado a Mexicali, donde radican sus padres, Jesús y Gloria; quienes se encuentran angustiados por la falta de apoyo a su hijo; lo que consideran una injusticia del sistema médico de Estados Unidos, ya que Antonio trabajaba y es residente legal.

“En el hospital donde permaneció Antonio en Phoenix, me sugirieron que lo desconectara, ya que no tenía ninguna esperanza, o que lo trasladara a México, pues no podían seguir atendiéndolo sin seguro de por medio”, denuncia Jesús Torres.
Pablo Jesús Arnaud Carreño, cónsul de México en Caléxico, dice que trasladar a Antonio en estado de coma, desde Phoenix hasta Mexicali, estuvo mal. En California, cuando hay un herido de nacionalidad mexicana, se esperan a que termine la recuperación del convaleciente para ser repatriado a su país; pero, aclara, cada estado de la Unión Americana tiene sus propias reglas.


Propuesta 200
El 2 de noviembre de 2004, Arizona, por donde ingresa el mayor número de mexicanos, promulgo la ley antiinmigrante “Propuesta 200”, llamada Protect Arizona Now,  aprobada por 55.9 por ciento de votos.

Dicha legislación obliga a todos los servidores públicos a denunciar a los migrantes indocumentados y de no hacerlo, se les castiga con cárcel. Cada año 600 mil personas son detenidas al intentar cruzar la frontera por Arizona; un numeroso grupo de ellos sistemáticamente son deportados hacia Mexicali o Tijuana.

En meses pasados, hospitales de Arizona deportaron a cientos de inmigrantes legales e ilegales que acudieron al nosocomio, quienes carecen de un seguro médico o de una garantía para cubrir sus gastos.

Jesús Torres, padre de Antonio, refiere sobre un caso muy difundido en Arizona. Cinthya, mexicana de 28 años, con 15 años de residencia legal en Estados Unidos, fue trasladada a Sonora, casi a punto de parir. Sin seguro de gastos médicos, la joven y su esposo no podían pagar 100 mil dólares en efectivo, garantía que exigía el Centro Médico de la Universidad de Arizona en Tucson.

A escasos kilómetros de la garita de Nogales, agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) y de la patrulla fronteriza detuvieron la ambulancia, preguntaron a la paciente por su condición migratoria y si ella había solicitado que la llevaran a México, situación que la joven negó.

Por orden de los agentes Cinthya, ya con dolores de parto, fue devuelta a Tucson, donde sus familiares y conocidos reunieron 20 mil dólares para pagar a una corte la fianza que le permitiera quedarse en Arizona.

Katie Riley, orientadora social del Centro Médico de la Universidad de Arizona en Tucson, confirma que centenares de migrantes han sido enviados a sus países de origen si requieren hospitalización y carecen de seguro médico.


Propuesta viola derechos humanos

La Propuesta 200 es una muestra de la violación sistemática a los derechos humanos, ya que niega servicios humanitarios elementales de salud, auxilio de bomberos, policía y educación. Además, convierte en delito transportar, albergar o contratar a indocumentados.
En Estados Unidos ya existe un antecedente sobre leyes antiinmigrantes, en California estaba la propuesta 187, revertida por las cortes federales, que negaba servicios a los migrantes.


Aumento de enfermedades

En el condado del Valle Imperial en California, el 40 por ciento de los casi 13 mil trabajadores emigrados —que laboran en el país vecino, pero viven en Mexicali— no cuentan con servicios de salud públicos, incrementando en gran medida las enfermedades en este sector poblacional, dice el cónsul de México en Caléxico, José Pablo Arnaud Carreño.

En los últimos 15 años aumentaron hasta en un 50 por ciento las enfermedades entre las mujeres emigradas, como diabetes, cáncer de mama, cáncer cérvico uterino.

Arnaud Carreño anuncia que se inició un programa especial denominado Ventanilla de Salud, a través del cual se da información sobre la atención médica a más de 6 mil personas, se orienta a los trabajadores para que sepan cómo pueden darse de alta en instituciones médicas de California o Baja California.

Además se orienta a los trabajadores acerca de los lugares en donde pueden obtener un seguro médico más barato o asistir a las asociaciones médicas que dan consultas gratuita, en Estados Unidos o cómo pueden afiliarse al Seguro Social o el Seguro Popular, en México.


Riesgo de perder la vida

A decir de Jorge Bustamante, Relator de Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, la situación en materia de derechos humanos empeora en Estados Unidos, más por parte del Inmigration and Customs Enforcement (ICE), organismo encargado de implementar la política migratoria.

Los agentes de la ICE son quienes llevan a cabo constantes violaciones a los derechos humanos, como la separación familiar, detenciones arbitrarias y arresto de menores de edad.

Juan Ricardo Martínez, de 36 años, fue arrestado por agentes migratorios cuando acompañó a la garita a su hijo Jonathan, de 15 años, para despedirlo, pues viajaría a Texas, relata María Madera Castañeda, esposa del inculpado.

Madera Castañeda dice que el 6 de junio pasado, su esposo, quien no tiene pasaporte para cruzar a los Estados Unidos, acompañaba a su hijo, ciudadano americano, cuando un agente a la entrada del edificio de Migración le pidió una identificación para comprobar el parentesco. Juan Ricardo, así como Jonathan, fueron remitidos al cuarto de inspección de la garita, mientras eran investigados.

Martínez, asustado, en un descuido salió del edificio, lo que provocó que agentes estadunidenses salieron tras él hasta alcanzarlo en la salida hacia México, antes de bajar las escaleras para el túnel, ahí fue golpeado, amordazado de brazos y pies, para posteriormente encerrarlo nuevamente en inspección.

Jonathan fue liberado, mientras su padre fue enviado a la cárcel del condado del Valle Imperial y hasta la fecha se encuentra incomunicado sin saber el delito del cual se le acusa. 

María dice que ella y su esposo trabajaron por 20 años en Estados Unidos sin contar con documentación legal, pero sus hijos fueron registrados en Oregón. Desde hace tres años, para evitar la deportación, emigraron a Guanajuato, donde permanecieron hasta hace cuatro meses cuando arribaron a Mexicali.

Jorge Bustamante se muestra preocupado, ante el temor de que las familias sean separadas intencionalmente en el proceso de deportación, como medida para desincentivar futuros ingresos irregulares.

Agrega que en todo proceso migratorio debe considerarse el contexto humano en el que se desarrollan las familias, la desintegración familiar puede originar problemas como violencia intrafamiliar, depresiones o drogadicción y provocar secuelas que pueden impedir el pleno desarrollo personal del niño.

El relator lamenta que los hijos menores de migrantes, nacidos en Estados Unidos, no puedan pedir la residencia legal de sus padres. Existen numerosos padres separados de los menores, al ser deportados hacia México por encontrarse indocumentados.  Éstos enfrentan  el dilema de retornar por la vía irregular al vecino país o tener interrumpir la vida que desarrollan sus niños como ciudadanos estadunidenses, al sacarlos del país.

Bustamante comenta que en Arizona ocurrió un caso, donde un fiscal estatal inventó un delito adicional al de la falta administrativa de entrar sin documentos al país, lo que elevó la penalidad. El inmigrante fue acusado de contrabando, penado en Estados Unidos hasta con 20 años de cárcel. El mexicano fue acusado de contrabandearse a sí mismo.


Protección de los derechos
El relator dice que Estados Unidos no ratificó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, lo mismo que la mayoría de los países de destino, lo que representa una limitación muy grave para el cumplimiento de sus objetivos.

Bustamante indica que existen otros convenios ya firmados por Estados Unidos, como los acuerdos signados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que genera una serie de compromisos que obligan al país vecino a respetar los derechos laborales de los migrantes, sin importar su calidad migratoria.

La Constitución de Estados Unidos y la Ley de Inmigración y Nacionalidad son las normas principales que regulan los procesos migratorios.  Desde 1996, el Congreso aprobó la Ley Antiterrorista y otra para la reforma de la inmigración ilegal y de la responsabilidad migratoria. 

Además, se incrementó el despliegue de personal y equipamiento en las fronteras y reforzar las medidas para combatir el tráfico de personas. Las reformas de 1996 restringieron los derechos de los extranjeros, especialmente los de los migrantes indocumentados y aumentaron la lista de delitos por los que los extranjeros pueden ser deportados. 

La Ley para la reforma de la inmigración ilegal y de la responsabilidad migratoria también prevé la expulsión acelerada con el objetivo de procesar y deportar lo más rápido posible a las personas que entran en los Estados Unidos sin documentos válidos.  De acuerdo con este proceso, funcionarios migratorios tendrían en sus manos el poder de tomar decisiones importantes, al mismo tiempo que los migrantes tendrían un acceso muy limitado a la revisión judicial de dichas decisiones.


Polleros mal necesario
La frontera de Baja California, puerta de entrada para Estados Unidos, representa el acceso a la prosperidad para muchos migrantes que han dejado sus lugares de origen y familias con la esperanza de un futuro digno en el vecino país. 

Un promedio muy alto de los migrantes que llegan a Estados Unidos por la frontera de Baja California, lo hace de manera indocumentada y después de haber recorrido largos kilómetros por zonas inhóspitas. De tal forma que muchos de ellos contratan a guías-traficantes para orientarse en el camino, los comúnmente conocidos como polleros, con ello invierten todos sus ahorros en el viaje. 

Wayne Cornelius, director del Centro para los Estudios Comparativos de la Inmigración de la Universidad de California en San Diego, asegura que la muerte de migrantes se incremento por el cierre de fronteras y la implementación de dispositivos de seguridad, que empujan a los migrantes a rutas más arriesgadas.

Cornelius dice que ante el cierre de las fronteras, los traficantes de humanos se cotizan cada vez más caro. Se calcula que cobran alrededor de 3 mil dólares para internar a un indocumentado en Estados Unidos. Si viene de Guatemala el costo llega a los 7 mil dólares; Sudamérica, 12 mil dólares, y de China, 60 mil dólares por familia.
El directivo explica que los familiares del nuevo migrante contactan a polleros de los que ya tienen buenas referencias. Para los traficantes de indocumentados es un negocio, no tendrán más clientes si éstos no llegan vivos a su destino.

A decir de Cornelius, si no existieran los polleros habría más migrantes muertos, ya que emprenderían la caminata a través de los desiertos sin orientación. Y agrega que las aseveraciones de la Border Patrol, que asegura que parte de su misión es rescatar a los migrantes de las manos de los polleros, son sólo propaganda.

El también investigador sostiene que el uso de los traficantes de humanos permite que existan más posibilidades de vida para los indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos.

“El gobierno mexicano y estadunidense satanizan a los polleros; pero a pesar de ello, la realidad es que los migrantes los seguirán utilizando, porque tienen más oportunidad de llegar sanos y salvos a su destino con ellos que sin ellos. Y es que el reforzamiento de la frontera no desanima nuevos inmigrantes; pero sí tiene el efecto de animarlos a quedarse más tiempo en Estados Unidos, hasta asentarse para siempre por el costo de regresar”, dice Cornelius.


Mexicanos repatriados
Francisco Javier Reynoso Nuño, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, dice que en lo que va del año, más de 106 mil connacionales fueron repatriados por las garitas de estatales, incrementándose en un 30 por ciento en comparación con el año 2007.

De acuerdo con Reynoso, ningún repatriado se detectó sedado ni en malas condiciones de salud. Y recalcó que el Grupo Beta rescató a 253 migrantes en las zonas desérticas de la frontera donde pudieron perder la vida.

Heriberto García García, representante en Baja California de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice que este año se tendrá uno de los veranos más calientes, y ante la extrema vigilancia de la Patrulla Fronteriza se prevé un gran número de muertes de migrantes, por lo que es necesario reforzar la seguridad por parte del grupo Beta.


Sin presupuesto
En 2008, se canalizaron 15 millones de pesos por parte del gobierno del estado, así como 3 millones 500 mil pesos a través del municipio, para apoyo a asociaciones civiles de Tijuana que atienen a los migrantes.

Carlos Reynoso Nuño, secretario de Desarrollo Social del estado, dice que existe una gran participación de organizaciones sociales que apoyan a los grupos vulnerables. Sin embargo, las quejas por falta de ayuda, sobre todo en los albergues de atención a migrantes, son constantes, estos sólo pueden cumplir su función prácticamente por el apoyo de la Diócesis.

En Mexicali el albergue Betania, el único que existe para atender migrantes, tiene un presupuesto precario, y el apoyo que recibe de la Secretaría de Desarrollo Social estatal es muy bajo, 10 mil pesos al mes, explica José Ignacio Sigala, presidente del patronato.
Sigala dice que Casa Betania atiende migrantes, pero sólo por tres días. Cuentan con acciones de alimentación, hospedaje, atención médica a través del dispensario doctor Cañedo y traslado con el 50 por ciento del costo a su ciudad de origen; apoyo que se les da gracias a los diferentes gerentes de las compañías de autobuses. En caso de emergencia, los migrantes pueden realizar una llamada telefónica de tres minutos, para comunicarse con sus familiares.

Los indocumentados sólo pueden estar en el alberge tres días, por eso el obispo, José Isidro Guerrero, solicita que por lo menos puedan permanecer ahí cinco días, ya que muchos de éstos se quedan a radicar en el estado en busca de una forma para sobrevivir.


La permanencia
Alrededor de 250 migrantes son deportados cada día por la frontera de Baja California. La mayoría de ellos pasaron décadas trabajando en restaurantes, oficinas y campos de cultivo desde California hasta Carolina del Norte; sin embargo, algunos regresan a México sin un centavo, tras gastar sus ahorros en el pago de abogados para luchar contra sus órdenes de deportación.

Muchos migrantes, al quedarse sin dinero, terminan viviendo en calles inseguras, expuestos a la delincuencia de ciudades fronterizas como Tijuana, donde se enfrentan a policías corruptos, pandilleros y ladrones.

Los repatriados sobreviven limpiando parabrisas, en el subempleo, la subcontratación o simplemente mendigando, muchos duermen en la ribera del río en Tijuana, donde trabajadores humanitarios les llevan alimento y agua. 

En Mexicali, al menos unas 70 personas llegan por la madrugada cuando los albergues temporales están cerrados, por lo que si no tienen dinero para pagar un hotel céntrico, pernoctan en parques públicos, lugares baldíos e incluso en los velatorios del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIF).

Rubén Velásquez, originario de Nayarit, dice que a él lo deportaron en cinco ocasiones, una por Tijuana y cuatro por Mexicali. Recuerda que al principio se asustó porque no conocía a nadie, pero luego de dormir en bancas, parques públicos y lugares baldíos del centro de la ciudad, un amigo que se había brincado en otras ocasiones, le dijo que en los velatorios del DIF había espacio y los vigilantes no los quitaban, siempre y cuando se fuera temprano y no molestara a nadie.


Detenciones arbitrarias
En tanto, la policía municipal continúa realizando detenciones arbitrarias en contra de los repatriados, por no contar con identificación, por su apariencia sospechosa y sin dinero para sobornarlos. En suelo mexicano, los migrantes son objeto de todo tipo de abusos y atropellos de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Los propios indocumentados son testigos de que los policías se lamentan cuando los remueven de zonas consideradas privilegiadas, cerca de la línea de cruce a Estados Unidos, y es que hay policías municipales que obtienen hasta 5 mil dólares a la semana, extorsionando polleros y migrantes.

En los lotes baldíos y locales abandonados del parque Niños Héroes de Chapultepec, en la plaza de Los Mariachis en Mexicali, a unos metros de la línea fronteriza, los migrantes buscan acomodarse.

José Antonio Martínez, originario de Puebla, quien hace tres semanas fue deportado, dice que a ellos no los dejan en paz, “los vagos, los polleros, los mismos policías nos piden nuestros documentos y si no los traemos, y no tenemos los 200 pesos que nos exigen, mínimo 100 pesos, nos acusan de vagancia y nos llevan a los separos”.


Abuso: migrantes femeninas
Las mujeres constituyen la población más vulnerable, no están conscientes de sus derechos, por ser migrantes indocumentadas creen que no tienen ninguno. Desempeñan los trabajos que nadie quiere. A cambio de protección o para que las pasen al otro lado, muchas veces son víctimas de abuso sexual. Aceptan todo tipo de explotación, bajos salarios y ninguna prestación social.

Julie Luna Quintero, de 35 años, platica su historia: “Llegué de San Bernardino California, me deportaron a la una de la mañana, fue muy triste, después de vivir 18 años allá, se quedó sólo mi hijo, de 13 años, porque él es nacido allá y me mandaron  aquí a Mexicali, no conozco a nadie. Entré a una casa cerca de la iglesia, estaba sola, abierta y se veía abandonada, para no caminar mucho me metí.

“Luego llegaron los oficiales, me sacaron y me trajeron para acá (a la cárcel), por allanamiento de morada, me daban seis meses, dijeron que era delito menor, pidieron tres mil pesos de fianza. La casa donde entré no se le veía dueño, sólo quería pasar la noche. Los policías se quedaron con mis cosas; me trajeron vuelta y vuelta en la patrulla casi dos horas, me dijeron que si me acostaba con ellos me soltaban; pero yo pensaba en mi hijo y entonces me acusaron de allanamiento”, recuerda la mujer.

Apolinar Rodríguez Denova, originaria de Guerrero, fue confundida con una salvadoreña. Estuvo nueve días detenida en las oficinas del INM en Mexicali. La mujer fue interceptada por el grupo Beta al momento del cruce cuando era guiada por un pollero en zona desértica de El Centinela.
El traficante escapó y Apolinar fue entregada por los betas a la Procuraduría General de la República (PGR) en calidad de presentada, de ahí fue turnada por la agencia del ministerio publico federal para su deportación.

En el acta, el ministerio público asegura que es centroamericana; estando en las oficinas del instituto negó ser salvadoreña e insistía en ser de Los Nopales, Guerrero. Familiares de la migrante que viven en Indio, California, hacia donde ella se dirigía, vinieron a Mexicali para saber qué era lo que estaba pasando y ofrecieron a las autoridades copias de un listado nominal del Instituto Federal Electoral de Guerrero, donde aparece la foto de Rodríguez Denova y copias también de las credenciales de elector de sus padres.

Los documentos no fueron considerados como ofíciales por el entonces delegado local del INM, Marcelo de Jesús Machain Servin, a pesar de que frente a él, y a petición de una defensora de derechos humanos que la estaba apoyando, interpretó el Himno Nacional, el juramento a la bandera y nombró tres platillos regionales de su estado, Guerrero. El funcionario la siguió considerando como salvadoreña.

Nueve días después, Apolinar pudo comprobar su nacionalidad y salió libre. Al momento de retirarse del lugar, su tía gritó: “Ladrones, corruptos, me pidieron tres mil dólares para entregármela, así fuera salvadoreña, lo que querían era el dinero; pero se dieron tres sentones, creían que íbamos a bajar la cabeza por ser del sur”.

 

Criminalización del migrante deportado

Los migrantes en tránsito y los que se quedan en la frontera de Baja California no cuentan con una protección jurídica, por lo cual el Estado no esta obligado a proporcionar recursos para cubrir sus necesidades de alimentación, salud, vivienda y orientación. Tampoco cuentan con los recursos destinados a la protección y apoyos a migrantes contemplados en el presupuesto anual de egresos en el rubro de atención a la pobreza.
La Patrulla Fronteriza ha deportado hasta la tercera semana de junio de este año a 106 mil 575 personas indocumentadas por las garitas de Tijuana y Mexicali, informa la delegación regional del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con las cifras de la dependencia, se  registraron un promedio de 793 eventos de deportación diarios en los que se incluyen a hombres, mujeres y niños. Durante el 2007 fueron repatriados 213 mil 58 connacionales.
En tanto, la falta de atención a los migrantes motivó que el Colegio de Abogados de Tijuana se propusiera crear un patronato de apoyo para las miles de personas que llegan a esta ciudad fronteriza con la intención de cruzar a Estados Unidos.
El presidente de la organización, Enrique Gómez-Llanos León, dice que el objetivo del patronato es agrupar a todos los sectores de la sociedad para promover acciones que generen servicios para los connacionales que no logren internarse en el vecino país.
Gómez-Llanos considera que no hay una real coordinación entre las autoridades de Estados Unidos y las nacionales, para efecto de que notifiquen cuándo se realizan las deportaciones de todos estos migrantes, dejándonos en la imposibilidad de poder detectarlos y ver qué sucede con ellos.
El dirigente local dice que tiene conocimiento de que las autoridades de Baja California iniciaron acciones para atender el problema, pero ante los pocos resultados que se observan es necesario coadyuvar con esta labor que vendría a disminuir bastante la ola delictiva en el estado.
Agrega que es urgente abrir una oficina de atención al migrante para que, junto con el Consulado Mexicano, se pueda trabajar de manera más eficiente e integral, tanto en la defensa como en la repatriación de los compatriotas a sus lugares de origen.
El consulado tiene una campaña permanente de información sobre los riesgos del cruce fronterizo, en temporada de calor, sobre todo dirigida a los estados exportadores de migrantes a donde envían carteles, para advertir los peligros que se corren en .las zonas del río nuevo y en el desierto.
Mirna Rincón Vargas, diputada federal, dice que ellos propusieron a la presidencia municipal de Rosarito la posibilidad de establecer un programa de atención a migrantes.
Rincón Vargas, de extracción panista, informa que la Comisión de Migración y Fronteras de la Cámara de Diputados estudia la posibilidad de que los municipios fronterizos emprendan un padrón de personas deportadas para saber quiénes son, conocer sus antecedentes y a qué se dedican.
La legisladora dice que Baja California recibe con los brazos abiertos a todo mundo, pero la alta presencia de personas deportadas desde los Estados Unidos puede causar problemas serios.
aAnteriormente, Rincón Vargas causó revuelo con la afirmación de que en el área de Primo Tapia, del municipio de Rosarito, se concentra el mayor número de personas con antecedentes penales que fueron deportadas por las autoridades estadounidenses, lo que ya está preocupando a los legisladores federales.

 

 

 

 

Niños vulnerables en la frontera

Con la intención de que sus hijos, Alan, de 8 años;  Shirley, de 5; Brandon, de 2, y Michel, de 2 meses, pasaran de una forma más segura a Estados Unidos, Silvia Higareda contrató los servicios de un supuesto traficante que loa pasaría con documentos falsos.
Ella cruzó horas antes por un camino inhóspito, con la ayuda de un pollero, para reunirse con su esposo que los esperaba en Los Ángeles. Sin embargo, los dos hombres contratados para llevar a sus hijos, repentinamente bajaron del auto a los niños y los dejaron abandonados a su suerte en el Parque Héroes de Chapultepec, diez minutos antes del cruce de la garita. Al niño mayor, Alan, le dieron unas monedas para que les comprara golosinas y refrescos a sus hermanos.
Los menores fueron rescatados cerca de la garita y entregados a la autoridad municipal. El niño mayor, Alan, refirió que su papá y su mamá estaban en el vecino país y que a ellos los iban a cruzar unos "amigos" de sus padres, pero algo pasó y los dejaron en el parque.
Alan cree que dos de sus hermanos son nacidos en Estados Unidos, no así él y su hermana, Shirley. Los niños fueron turnados al DIF estatal, para entregarlos posteriormente a familiares residentes en Jalisco.
Rodolfo Cruz Piñeiro, investigador del departamento de estudios de población de El Colegio de la Frontera Norte, dice que la migración de niños mexicanos hacia Estados Unidos y la repatriación de un alto número de ellos, constituye un grave problema que demanda acciones inmediatas de los tres niveles de gobierno, pues están expuestos totalmente a abusos y peligros.
Cruz Piñeiro considera que es lamentable ver en Tijuana niños que deambulan por las calles pidiendo limosna para sobrevivir, pues son abandonados por sus familias. De acuerdo con las estadísticas, en 2007 fueron deportados casi 76 mil personas, de entre 12 a 19 años.
El investigador explica que la mayoría de estos niños sufren de ansiedad y están desesperados por poder comunicarse con su familia. Cuando los padres intentan recuperar a sus hijos, son sometidos a largos y complicados procedimientos judiciales, son tratados como si los niños fueran sometidos a violencia intrafamiliar.
Agrega que se deben de revisar los mecanismos aplicables a los niños migrantes que se encuentran en esta situación, para evitar su prolongado sufrimiento y resolver su caso en conformidad con su condición de migrante y no de menor sometido a abusos.
Cruz Piñeiro dice que antes eran adultos los que más intentaban el cruce, ahora también son niños los que aspiran llegar a Estados Unidos en busca de sus familias. Años atrás los menores cruzaban acompañados, lo que ya no sucede en muchos de los casos.
A decir del investigador, la realidad es que los niños se van solos a buscar al padre o a la madre, e incluso algún pariente, quedando expuestos a peligros en 10 veces más que un adulto, lo que debe prender los focos rojos hacia el gobierno para que lleve a cabo programas más directos para atender a esta población.
Según datos del INM, precisan que de los 106 mil 575 mexicanos repatriados, hasta la tercera semana de junio, 4 mil 883 fueron menores de edad, de los cuales 4 mil 104 ingresaron por las garitas de Tijuana y 779 por las de Mexicali.
De los niños repatriados a diario, un promedio de 40 y 20 de ellos llegan completamente solos, lo que los coloca en una situación de alto riesgo. Lo que amerita enviarlos de inmediato a albergues del DIF para que se encarguen de buscar reintegrarlos con sus familiares.
El INM sostiene que el año pasado fueron deportados 4 mil 200 menores de edad; en lo que va de 2008 van 4 mil 883, registrando una tendencia a la alza en el número de eventos de deportación.
Rosa Carmina Capuchino de Osuna, presidenta del DIF en Baja California, dice que a partir del 2003 la dependencia y varias asociaciones civiles se dieron a la tarea de diseñar un programa para recibir a los menores repatriados directamente en los puentes fronterizos.
En febrero del 2004 empieza a operar el módulo de recepción de menores repatriados en Tijuana, y en marzo se inaugura el de Mexicali, ya que, gracias a la operación de estos módulos, fue posible obtener información de primera mano respecto al número y las circunstancias de los niños migrantes no acompañados, por esta frontera.
Capuchino de Osuna destaca que desde su implementación en el 2004, dichos módulos apoyaron a 24 mil 482 menores, de los cuales 5 mil 63 pasaron por Mexicali, y 19 mil 419 fueron canalizados por Tijuana.
"Sin duda alguna, hablar de más de 24 mil menores deportados, nos dice de la magnitud que es el problema de la migración infantil, pero también nos invita a seguir sumando esfuerzos entre todos los sectores involucrados para tomar conciencia sobre los efectos del problema migratorio", dice la presidenta del DIF.

 

 

 

Publicado en: Agosto 2008 / Año 3 / Número 32



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