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BAJA CALIFORNIA  
 

Corrupción policiaca alienta secuestros

Lorena Rosas
Baja California vive la jornada más violenta en años recientes, atribuida no sólo a cárteles del narcotráfico y al crimen organizado, sino a la corrupción política y policiaca. Levantones, ejecuciones, secuestros y desapariciones forzadas, el saldo.

 

 


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La constante llegada de militares y agentes federales y el despido de más de 140 policías de distintas corporaciones, sospechosos de colaborar con grupos delictivos, ha sido insuficiente para combatir la violencia.
El presidente Felipe Calderón reitera que no dará marcha atrás en la “guerra contra el narcotráfico”. En sus primeros 18 meses de gobierno suman más de 4 mil 100 las ejecuciones en el país, y Baja California sigue entre las cinco entidades que encabezan esas estadísticas.

Aquí, el ejército y la marina invaden las facultades de la autoridad civil para la prevención e investigación de delitos. Al frente de las estrategias militares un general con 49 años de servicio, Sergio Aponte Polito. Los nuevos directores de la Policía Estatal Preventiva de Baja California y de las policías municipales de Tijuana y Playas de Rosarito también son militares.

“El compromiso es con el gobernador del estado para bajar el índice delictivo, porque son varios programas, entre ellos el primero es abatir, no completamente tal vez, pero abatir la corrupción que se presenta en las diversas corporaciones policiacas. Quitándole ése, que es el sustento que tiene el delincuente, porque muchas veces son los mismos policías los que realizan secuestros, asaltos, homicidios y robos y le dan el apoyo a la delincuencia organizada”, dice en entrevista el general.

Las acusaciones de Aponte Polito, desde su llegada, provocaron reacciones. El procurador general de Justicia, Rommel Moreno, expresó que la milicia invade facultades de esa institución;  ello, por las detenciones hechas por el ejército fuera de sus atribuciones y del debido proceso legal.

Con nombres, apellidos y situaciones específicas en las que agentes policiacos municipales, estatales y federales se han visto involucrados en hechos delictivos o como protectores del crimen organizado, Aponte Polito respondió al procurador.

En una extensa carta dirigida a los medios escritos de la región, el comandante de la Segunda Región Militar precisó que parte de la información es producto de revelaciones hechas por miembros del crimen organizado detenidos en flagrancia por el ejército.
El escrito señala alteración de evidencias contra detenidos, modificaciones de escenas de crímenes, cobro de cuotas por protección a tienditas, polleros y ladrones de bancos. En una segunda carta acusa corrupción de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

— !Qué decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada! –se lee en la cuarta página del escrito.

El general Aponte Polito no sólo involucra a policías ministeriales, sino también municipales de Mexicali, Playas de Rosarito y Tijuana, además de agentes de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Federal Preventiva (PFP).

 

Rompen militares y gobierno estatal
El general Aponte revela que, a principios de 2007, cuando Eugenio Elorduy todavía era gobernador, se produjo el distanciamiento del Ejército: entonces el comandante de la II Región Militar se deslindó de las autoridades civiles, por presumir corrupción y ligas con la delincuencia organizada.

—El año pasado, en Ensenada, se solicitó el retiro del personal militar porque no veíamos la voluntad para atacar a la delincuencia, más bien era de protección; este año veo el interés y la voluntad del actual señor gobernador y los presidentes municipales para abatir la delincuencia y estoy comprometido con ellos a apoyarlos. Por eso es permanente esta situación, hasta que nos demos cuenta de que realmente la sociedad de Baja California no requiera de tantos efectivos para su seguridad.

Y es que ahora el gobernador Osuna Millán se ve obligado a dar atención a una población que comienza a desesperarse, al tiempo que los bajacalifornianos aprenden a modificar sus hábitos y manejos cotidianos buscando la supervivencia a esta “guerra”.
Más de 2 mil denuncias

—Debido a la confianza que la sociedad le tiene al ejército, actualmente las unidades militares de la Segunda Región Militar disponen, aproximadamente, de 2 mil denuncias ciudadanas. Algunas señalan hechos de corrupción por parte de empleados y funcionarios que engañan y abusan de la ignorancia, pobreza y debilidad de la gente para seguir enriqueciéndose y perjudicando a los ciudadanos en su vida, integridad, salud, patrimonio y bienestar; pero éste no es el tema que nos corresponde, sino el de las denuncias referentes a actos de corrupción que cometen algunos elementos de las corporaciones policiacas.
“Algunos elementos policiacos acuden quincenal y mensualmente a las narcotienditas a cobrar sus cuotas por la protección que les brindan a los narcomenudistas. Otros, proporcionan protección a delincuentes dedicados al tráfico de personas, hay quienes protegen a ladrones de bancos y de cajeros automáticos. Hay quienes aprovechan su cargo para proteger el descenso de aeronaves que trasladan enervantes”.

El comandante añade que el 6 de febrero pasado, en oficio número 124, se remitió información a la primera autoridad administrativa de Mexicali, para hacer del conocimiento que en denuncias ciudadanas se menciona que Leocadio Núñez Meza, expolicía municipal, trabajaba para la organización “Arellano Félix”, en coordinación con el comandante y segundo comandante de la base de intercepción aérea de la PGR, y con David Flores Valenzuela, quienes recibían “una cuota mensual de 4 a 5 mil dólares para apoyar los descenso de aeronaves cargadas de drogas, así como por abrirles el paso durante el traslado de enervantes hacia Estados Unidos, en complicidad con sus superiores”. El exsubcomandante Leocadio Núñez se suicidó, luego de reconocer su participación en hechos delictivos.

Otra denuncia indica: “Algunos funcionarios que recientemente, en un aseguramiento importante de mariguana en Ensenada, participaron en coordinación con personal militar, no sólo en el manejo de la información, sino también en la localización de la droga, posteriormente solicitaron a las autoridades militares que no fueran a mencionarse sus nombres, por lo que debido a esto y también por otras razones, se les perdió la confianza”.
También están los funcionarios de justicia que buscan ostentar el poder para favorecer a las organizaciones criminales, como es el caso de la exasesora de la PGJE, Sonia Patricia Navarro, a quien se le relaciona con una organización denominada “el comando negro” que operaba en Ensenada.

“La carrera de Sonia Patricia Navarro, inició hace 10 años, cuando el 16 de septiembre de 1998 fueron acribilladas con proyectiles de alto poder 20 personas –mujeres, hombres y niños– en el poblado Sauzal de Rodríguez. Ella intervino como agente del Ministerio Público del Fuero Común. Este asunto tomó más de dos años en ser resuelto, gracias a los favores hechos por la señora tanto a los hermanos Arellano Félix como al propio Ismael Higuera Guerrero, mejor conocido como el Mayel, lográndose con esto detener únicamente a tres o cuatro implicados y a chivos expiatorios, pero no a los verdaderos responsables”, manifiesta el general Aponte.

—Ya denunciamos a algunos elementos que extorsionan a la población y además cobran cuotas a los ladrones de vehículos y vendedores de partes robadas de los mismos. El pasado 19 abril se tuvo conocimiento que Mario Alejandro Ramírez Dueñas, empleado en la Procuraduría General de Justicia, en contubernio con el agente del Ministerio Público del orden común de la agencia especializada de robos de vehículos y policías ministeriales, se encuentran vinculados con bandas dedicadas al robo de vehículos, siendo su modo de operar el siguiente: los vehículos son robados en Estados Unidos e ingresados a nuestro país, posteriormente son presentados en la Unidad de Robo de Vehículos en donde se extiende una constancia de no robo, aun cuando éstos cuenten con el reporte respectivo en el extranjero; luego, los referidos automotores son empeñados en diferentes casas. De esto existen: las constancias 0055/31155 –de fecha 4 de enero de 2008, firmada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, Ezequiel García Torres y por el inspector José López Rivera– y 0568/387542 –de fecha 7 de marzo, firmada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, Norma Alicia Gutiérrez Sevilla, y por el inspector Armando Serrano Quintero. Pregunto: ¿Esto no es corrupción?

El comandante de la II Región Militar continúa: “Recientemente, personal de la PGR aseguró en Mexicali a una persona con más de 300 kilogramos de mariguana, siendo trasladada a las instalaciones de la subdelegación, donde posteriormente llegaron cuatro policías ministeriales a tratar de liberar al detenido y la droga. Existe un video que prueba estos hechos delictivos, motivo por el cual las autoridades pertenecientes a la Subdelegación de la PGR pusieron la denuncia correspondiente.


Hechos de corrupción
Además de los agentes y peritos que modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes, indica el general, están los funcionarios encargados de la administración y procuración de justicia que realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial.

—Seguiremos esperando que se adopten las medidas correspondientes para continuar las acciones de depuración y se evite la comisión de delitos como los ya expuestos, por parte de elementos de las instituciones o corporaciones que fundamentalmente son las encargadas de velar por la seguridad, el orden, la paz pública y la procuración de justicia.
En un programa de televisión nacional se informó que el general Sergio Aponte Polito, comandante de la Segunda Región Militar, reveló en la reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional, documentos en mano, la corrupción que existe en la delegación de la PGR; con una leve sonrisa, hubo aceptación tácita del procurador Eduardo Medina Mora; como testigo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Días después, se designó a Martín Rubio Millán, nuevo titular de la delegación, en sustitución de Guadalupe Alfredo Becerril Almazán.

Hoy, Aponte Polito quiere ir por los narcotraficantes y sicarios. El militar hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para que denuncie a los delincuentes a los correos nosotrossivamos2zm@yahoo.com y altoaladelincuencia2zm@hotmail.com, “para ir por ellos a sus casas de seguridad, a la discoteca, donde quiera que estén”. Los criminales, dice, se deben sentir acosados para que dejen de realizar sus actividades.
—Es cierto que es un programa amplio, no podemos erradicar la corrupción de la noche a la mañana, si son siglos, son años de corrupción, pero sí, ya estamos decididos con el gobernador del estado a darle más tranquilidad a esta población de Baja California, sólo necesitamos que nos dejen trabajar.

 

Desconfianza en corporaciones

En Tijuana, seis agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) –Fernando Emmanuel Patiño, José Aarón Coronado Ganda, José Ángel Mesa Valdez, Álvaro Efrén Aburto Montalvo, Inés Navarrete Mariscal y Ángel Alfonso Fuentevilla Villalobos– fueron detenidos por el Ejército Mexicano en posesión de seis fusiles 7.62 (HK G-3), seis armas cortas tipo escuadras . Los agentes exigían el pago de cinco mil dólares por una mujer que mantenían secuestrada en una casa de seguridad en Lomas Conjunto Residencial La Mesa; en la acción, fueron rescatadas tres personas que se encontraban privadas de su libertad. Los cinco agentes de la PEP fueron trasladados a las instalaciones de la Segunda Zona Militar, mientras las armas fueron llevadas a las instalaciones de la PGR en la Zona del Río.
Germán Redondo Azuara, comandante de la Segunda Región Militar, informó en rueda de prensa que los agentes de la PEP utilizaban vehículos oficiales para delinquir, por lo que investigan su participación en otros ilícitos. Comentó que el operativo fue emprendido a raíz de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de hombres armados que descargaban droga en ese domicilio.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya se refirió a la presunta infiltración del narcotráfico en las instituciones: “El estado ha empezado una decidida depuración de los cuerpos policiacos, sí se han infiltrado las policías estatales, municipales y federales, pero a partir del 1 de noviembre se han hecho acciones decididas, respecto a los mecanismos de control y confianza. En este momento se están evaluando más de 1 mil elementos de las corporaciones policiacas tanto estatales como municipales, para que el personal que participe en actividades de seguridad pública sea confiable”.
De la Rosa Anaya confirmó que la PGJE ha entregado 2 mil expedientes a la instancia federal para su seguimiento. “El planteamiento y la solicitud es que se haga un revisión de todos los agentes del Ministerio Público y de la Federación en Baja California, para que entren a los mecanismos de control y confianza y contar con mejores elementos en el área de la procuración de justicia federal, que puedan sustentar las acusaciones derivadas de las detenciones que hacen las corporaciones”.

 

Tijuana, tierra sin ley

En la entidad se registra una ola de secuestros que parece imparable y mantiene espantada a la población. Las bandas delincuenciales operan impunemente, mientras las autoridades minimizan la situación y reconocen sólo los plagios denunciados.
Tijuana vive el mayor número de hechos violentos: 263 crímenes en cinco meses, de los cuales 19 se cometieron en la tercer semana de mayo, decenas de secuestrados y la lucha entre las bandas de narcotraficantes.
El gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, emitió una nueva alerta a los viajeros estadunidenses sobre la violencia que se genera a lo largo de la frontera con México, “motivada por una guerra entre organizaciones criminales que luchan por controlar el negocio lucrativo de las drogas”.

En lo que va de 2008, 49 personas han sido privadas de su libertad en secuestros o levantones. Los datos fueron revelados por el procurador Rommel Moreno Manjarrez, quien destacó que entre las 43 privaciones hay 11 secuestros y 38 levantones, y señaló que ocho policías fueron asesinados en estos primeros meses del año. Además, seis intentos de secuestro fueron resueltos con la detención de los responsables y liberación de las víctimas. En uno de los casos participaron tres elementos de la Agencia Federal de Investigación, que se encuentran detenidos.

Derivado de la precaria atención al tema del secuestro, los médicos de Tijuana han parado actividades en centros e instituciones médicas de la ciudad.

El presidente de la Asociación de Hospitales de Baja California, Karim Solita, hizo saber que: “Debido a los hechos delictivos en los últimos días en la ciudad, las consultas médicas han disminuido hasta un 70 por ciento. Esto es debido a la mala imagen que se proyecta de Tijuana a través de los diferentes medios de comunicación”.

Explicó, que ante este panorama de inseguridad, el estadunidense ha cancelado los servicios médicos en esta ciudad fronteriza, y ha optado por acercarse a las clínicas de salud en la Unión Americana.

Por su parte, el presidente del Coparmex de Tijuana, Roberto Quijano Sosa, consideró que secuestro y extorsión son los delitos que más alta incidencia de “estadística negra” registra. Calculó que al menos ocho de cada 10 secuestros no se reportan. No descarta que la cifra sea mayor, pues mucha gente opta por el silencio ante el temor a represalias y desconfianza hacia las autoridades.

 

Faltan al compromiso de campaña

La asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad tiene registrados más de 295 casos de personas desaparecidas con violencia en Baja California; sus familiares acuden a las autoridades pero éstas no resuelven, la investigación es deficiente y sus parientes continúan perdidos.

“Los secuestros constantemente terminan en la desaparición de la víctima, pese al pago de los rescates exigidos”, comenta el representante legal de la asociación, Miguel Ángel García Leyva.

Calificó de situación alarmante el incremento de la privación ilegal de la libertad que se está dando en Baja California. “Esta asociación civil, tiene registrados 295 casos de 2001 a la fecha, perpetrados por grupos de la delincuencia organizada en estrecha relación con corporaciones policiacas. Sin embargo, con datos de prensa y testimonios de familiares que no han acudido a denunciar, se conocen más de 1 mil 300 casos en 10 años”, asegura.
Todo este fenómeno social se consolida ante la indiferencia de las autoridades: a la fecha han pasado tres gobernadores sin que ninguno haya recibido en audiencia a los familiares de los desaparecidos.

 García Leyva dice que en septiembre de 2001 la fundadora del grupo, Rosario Moreno de Díaz, consiguió una cita con el entonces gobernador electo Elorduy, pero ella murió antes de que se efectuara la reunión. El 5 de diciembre de 2000, junto con Julio Calvo y Juan Gabriel Huerta Beltrán, Rubén Díaz Moreno, hijo de Rosario, fue levantado por un comando armado en Tijuana.

Luego, indica el abogado, ya como gobernante Elorduy hizo caso omiso de los planteamientos. “Nos dimos cuenta que se crearon agencias para robo de vehículos, robo de comercios, para problemas electorales, y en este caso que es uno de los delitos más graves, que es la privación ilegal de la libertad, en donde conlleva también un riesgo de la vida misma de las personas que han sido privadas, ni siquiera se dignó a recibirnos”.

Ahora, la asociación busca una respuesta del gobernador José Guadalupe Osuna Millán a su promesa de campaña de instalar una fiscalía especializada para los desaparecidos.
“Eso nos daría eficiencia, optimizaría recursos y lograría que la gente, los familiares directos de los desaparecidos que estamos apoyando, tuviéramos un contacto directo con los agentes investigadores. El procurador de Justicia Rommel Moreno Manjarrez ya sabe de la petición para la creación de esta fiscalía y a su vez, se espera que conozca de los avances de estos 295 casos que ya se encuentran en el escritorio del gobernador Osuna Millán”, argumenta Fernando Oceguera Flores, presidente de la asociación en Tijuana.

Dice que de enero a la fecha se han registrado un total de 95 nuevos casos, incrementándose en un 45 por ciento a lo registrado durante 2007 en el mismo periodo.
Señala que 60 de los casos registrados ocurrieron en Mexicali pero que a la vez 30 de éstos corresponden a levantones, uno de ellos fue el de su propio hijo.

“Uno de mis hijos salía con la exnovia de un ministerial, y pienso que por confusión se llevaron al hermano, estudiante del Instituto Tecnológico de Baja California, hasta la fecha no hemos sabido nada de él. Mi otro hijo estaba estudiando administración de empresas, iba a terminar también su carrera, y le dije: hijo mío, con todo el dolor de mi corazón, deja la muchacha, te me vas de aquí, y lo saqué fuera del país, y ya no va a volver mientras esté arraigada la inseguridad en Tijuana, que ya se salió del nivel de credibilidad, antes eran otros tiempos muy diferentes, ahora te secuestran por cualquier cosa, aunque no tengas dinero”.

Otro ejemplo es el caso del subdirector jurídico del Congreso estatal, Roberto Flores. Subió a un autobús rumbo a Tijuana, él encabezaba una investigación sobre faltantes en la cuenta pública de la Procuraduría General de Justicia, las cámaras de la Central de Autobuses lo videograbaron desde que llegó y entró al edificio en Mexicali, luego cuando llegó a Tijuana. De ahí le perdieron el rastro. Trascendió que –de acuerdo a reportes policiacos y algunas pistas— podría haber sido disuelto en ácido en un sitio que las autoridades localizaron en Tijuana, hecho que no ha sido comprobado.

Posteriormente detuvieron a una célula del cártel de Tijuana donde había también agentes ministeriales. “Descubrieron una casa de seguridad en Tijuana donde encontraron unos tambos con ácido donde metían los cuerpos para desintegrarlos. Había evidencias de que Roberto Flores, estuvo ahí”, asegura Fernando Oceguera.

“El problema de las desapariciones forzadas que se vienen presentando desde hace varios años, es que están de acuerdo las autoridades con el crimen organizado. En este grave problema de delincuencia no sólo es gente que tiene alguna duda, como es el argumento que esgrimen las autoridades –que andaban en malos pasos, que eran delincuentes o que tenían algún nexo con el narcotráfico– sino que en este proceso tan fatal que se ha dado en Baja California hay mucha gente inocente”, dice Miguel Ángel García Leyva.

“Ha habido casos documentados donde personas ajenas completamente a actividades ilícitas han sido víctimas de desapariciones forzadas, eso ilustra hasta dónde la autoridad ha sido tolerante con este tipo de acciones ilegales. Tenemos documentados casos de empresarios, doctores, abogados, estudiantes, jornaleros agrícolas, empleados, amas de casa, estudiantes del Cetys, UABC, Tecnológico, y una gama de todos los estratos de la sociedad que han sido golpeados, agraviados por la ola de violencia que vivimos y a la que estamos sometidos. Cientos de ciudadanos, adultos, jóvenes, dos de ellos aún niños, mujeres, que durante los últimos años han sido desaparecidos en la región, levantados por algún comando”.

Agrega que “son desapariciones donde se da la intervención de grupos que llevan a cabo de manera forzosa, aquí no estamos incluyendo secuestros. Respecto de las desapariciones en Baja California ni siquiera se puede determinar el número, pues en el trabajo de campo que hemos realizado en el Valle de Mexicali tan sólo de 2002 a la fecha, con las desapariciones que se han sumado, documentadas o no documentadas, y con base en datos que tenemos, calculamos que hay más de 900 casos”.

García Leyva comenta que de los casos que tienen documentados, “no desaparecen solas las personas”, ya que en todos hay la participación de grupos, y en la mayoría existe el señalamiento que participaron agentes de cuerpos policiacos.
“Si México está localizado entre los países más corruptos, Baja California cuenta con las autoridades más corruptas. Y es que hay algo muy grave: no se investiga a las corporaciones policiacas. En el problema de las desapariciones forzadas no hay vuelta de hoja, ahí existe la participación directa de elementos de corporaciones policiacas, y están protegidos muchos delincuentes con charola por parte de la autoridad”.


Sociedad, víctima de la delincuencia

David González Nishikawa, primo de Celso Enríquez quien fue secuestrado hace nueve meses y, al parecer, asesinado, manifiesta el odio, rencor y terror que siente su familia contra la precaria atención de la autoridad.

—Lejos de estar cansado, estoy decepcionado de mi país y sobre todo de la gente que supuestamente está para velar nuestra integridad. Para empezar, las probabilidades de que mi primo siga con vida son muy bajas, sin embargo, para mí, si existiera porcentaje, con gusto le apostaría. Mis tíos son gente que se dedicó por más de 40 años a trabajar como Dios manda, gente de alta integridad y de un honor inquebrantable, que hicieron de Tijuana su hogar, que lucharon por ella y fueron precursores de su grandeza, a la que esta gente tiró al caño, tuvieron que salir huyendo a Estados Unidos, dejando todo atrás y sin uno de sus dos hijos. Después de tanto tiempo de vivir bajo esta presión y angustia, nueve meses, y lamentablemente, para cerrar con broche de oro, hemos tenido que decirle adiós a mi tío Celso, un hombre que luchó hasta el final por recuperar a su hijo y proteger a su familia.
Explica que “toda la familia, por los Enríquez y por los Nishikawa, estamos sumidos en el terror, no sabemos qué es lo que nos espera, los que usan la leyenda “para proteger y servir” son de los que nos debemos de cuidar, es increíble que si paso por Tijuana lo único de lo que me cuido es de las fuerzas policiacas llámense municipales, ministeriales o federales. ¿Qué es lo que me deja esta experiencia?: Un rencor que no puedo ocultar, una impotencia que duele y sobre todo un total desamparo de mi gobierno, el miedo interminable de represalias a mi familia por esta gente, ¿a quién le puedo pedir ayuda? Si son ellos los principales delincuentes, ¿cómo protegerte de ellos si tienen todas las de ganar? Gente con placa, armas, vehículos policiacos y el amparo de nuestros gobernantes, ¿cómo defenderme de ellos? si portar un arma es peor para uno, ya que es cárcel quieras o no, ¿serán acaso las piedras suficientes para defenderte de cinco o 10 tipos con AK-47 o R-15? ¡No se puede vivir así¡”.

Alma Díaz, coordinadora de la Asociación Esperanza en Mexicali, dice que “estamos muertos en vida sin saber de ellos, nosotros creemos que nuestros desaparecidos merecen que se les busque, como madres merecemos enterrarlos, darles cristiana sepultura si ya no hay otro remedio, estar tranquilas en nuestras casas, no andar aquí peregrinando como lo andamos haciendo. No queremos venganzas, no queremos hablar en contra del gobierno ni mucho menos, únicamente pedimos que se nombre un fiscal que trate los expedientes de los desaparecidos con ética profesional, como si tuvieran vida”.

 Cuenta que su hijo Erick Francisco, de 22 años, era policía municipal con un mes en activo, “él desapareció el 7 de junio de 1995, cuando salió a una fiesta de policías a festejar a uno de los comandantes. Un policía compañero, Sergio Reyna Duarte, pasó a recogerlo, porque mi hijo, que recién había entrado a la corporación municipal, no tenía carro, se van a la fiesta y mi hijo no regresa, en la mañana que lo busqué, el comandante Molina, en ese tiempo su jefe, refirió ‘no se preocupe señora, su hijo anda en una comisión en Tijuana con otros tres elementos, en cuatro o cinco días están por aquí’. A los dos días llega Eva de Topete, esposa del policía municipal Mario Topete y dijo: ‘a seis de los muchachos los desaparecieron de la fiesta de Jardines del Lago, de acuerdo a lo que declararon los amigos de mi hijo, se desaparecieron seis personas, entre ellos su compañero Germán Reyna, se desaparece el arquitecto Germán Gamboa, quien les arreglaba los sistemas de radios en esa época, agentes que eran compañeros de Erick declararon, dieron detalles y fueron asesinados. ¿Causas, motivo o razones?, sólo ellos las autoridades, deben de saberlo”.
La presunción, en el corazón de estas madres, es que sus hijos siguen vivos, que están encarcelados bajo otro nombre o, en el peor de los casos, que fueron asesinados, que los enterraron o que los disolvieron en ácido. La incertidumbre es terrible, por eso decenas de madres, algunas de la tercera edad, realizaron hace algunas semanas un plantón en el edificio del Poder Ejecutivo, en espera de ser escuchadas por el gobernador Osuna Millán, para que autorice la creación de una fiscalía para investigar las desapariciones forzadas, y así conocer finalmente el paradero de sus hijos.

 “Tengo un hijo desaparecido desde el 11 de enero de 2007 –refiere Irma Leyva de Hernández–; a más de un año, todavía es muy doloroso volver a hablar de cómo fue la desaparición de Diego Alonso Hernández Leyva: él llegó a mi casa entre las ocho y las nueve de la noche, estuvimos platicando. Al otro día intenté localizarlo por teléfono, ya no me contestó. Esa noche una muchacha lo acompañaba, la localicé, hablé con ella, al tercer día puse mi denuncia porque perdí las esperanzas y me asignaron al agente Bramasco, quien por tres meses estuvo al frente de la investigación. La respuesta siempre fue ‘no hay nada, no hay nada’. Después de tres meses, a media noche, recibo una llamada, me dicen que abra la puerta de mi cerco y ahí voy a encontrar un disco donde se hablaba sobre la desaparición de mi hijo Diego, lo recogí, lo miré en ese disco DVD que se hizo público, hablaba de cómo y quiénes levantaron a Diego y quién ordenó su ejecución: el más señalado fue el exprocurador Antonio Martínez Luna, y los agentes que participaron en la desaparición de Diego. Le pregunté al agente Bramasco qué había pasado, qué era eso y me dijo, ‘yo no sé nada, ya no tengo el caso de Diego’, y empecé a andar de dependencia en dependencia, en la averiguación previa sólo aparece la información que yo le di a Bramasco sobre el video y no se llamó a declarar ni al exprocurador Martínez Luna ni a los agentes activos que ahí se señalan y en la PGR tampoco siguieron la investigación. Estamos esperando la creación de una fiscalía que se encargue de investigar las desapariciones de nuestros hijos, a través de la PGR o la procuraduría estatal, porque son ellos, los que saben, los que participan en las ejecuciones” asegura la madre de Diego Alonso Leyva.

 “No es el único agente ministerial que está desaparecido, hay varios agentes ministeriales, y hay algunos casos que la misma procuraduría los debe de conocer. Pero el caso de Hernández Leyva es relevante porque lo están señalando con datos muy precisos, donde mencionan datos de agentes, de células que integran grupos delictivos, que están ahí al interior de las corporaciones policiacas, y lo más grave es que no son una célula o dos, hay varias, diferentes bandas, diferentes grupos delictivos tienen el control, no sólo de la procuraduría sino de todas las corporaciones policiacas, pero aquí los está ilustrando este señor Velásquez muy claro, con datos precisos, mencionó datos claves, hasta motes de funcionarios, el Blindado, como le llaman al propio exprocurador. Toda esta corrupción inhibe que se saquen adelante los casos”, enfatiza el abogado García Leyva.

El agente ministerial Diego Hernández Leyva, de 23 años, fue levantado cuando dejaba a su novia en la colonia Hidalgo. La camioneta que conducía fue localizada la noche siguiente y los familiares no supieron más de él, hasta que en la televisión se difundió el video donde un excomandante de la Policía Ministerial, Ramón Velázquez, que –de acuerdo a su propia versión, videograbada– encabezaba en Mexicali una célula del cártel de Sinaloa, detalló cómo y por qué lo habían levantado, en una acción donde participaron varios agentes ministeriales en activo y hasta dijo dónde lo habían enterrado.

Hasta el momento, la madre de Diego, Irma Leyva, se une a las demás madres de desaparecidos, con la incertidumbre y necesidad de saber qué fue de ellos.
—Y si ya están muertos, que nos entreguen lo que queda de ellos: no se puede vivir así, estamos preparados para ver morir, probablemente, a nuestros hijos y darles cristiana sepultura, pero no para las desapariciones. ¡No se puede vivir así. No se puede!

 

 

Las denuncias del general Aponte

El 9 de febrero de 2008 y debido a la coordinación e intercambio de información que se tiene con la Policía Estatal Preventiva, se tuvo conocimiento que después de una persecución, fue detenido en Tijuana, por elementos de dicha corporación policial, Miguel Ángel Castillo Belmontes, agente de la Policía Ministerial del Estado, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Browning, un cargador con 10 cartuchos útiles, dos celulares, un radio Nextel, una camioneta con la serie alterada, así como una bolsa que contenía en su interior cocaína; dos días después fue puesto en libertad y públicamente se mencionó que no era cocaína y que el vehículo era legal, situación por demás irregular, ya que se tuvo conocimiento que al “correr” la serie del citado automotor, se encontraba alterada y de acuerdo con información confidencial, la cocaína entregada por el director de la PEP a las autoridades judiciales del estado fue cambiada por otra sustancia, lo que motivó su libertad cuando el asunto fue turnado a la PGR. ¿Qué interés de proteger a un presunto delincuente?

El 8 de enero de 2008 esta comandancia de región militar, mediante el oficio 022, hizo del conocimiento que: José Antonio Rodríguez Uribe, agente de la Policía Ministerial del Estado, con base en Tecate, le ofreció al capitán primero de infantería retirado, Jorge Eduardo Montero Álvarez, actual director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, ayudarlo a controlar la plaza y pactar con los líderes de la delincuencia organizada, con el fin de mantener el control de las bandas de secuestradores, asaltos a casa habitación y robo de vehículos, con la condición de que gestionara la salida del personal militar y de la Policía Federal Preventiva del municipio”.

(Segundo escrito) José Heredia González, comandante del Grupo Antisecuestros, así como Nelson Rodríguez, subprocurador de Justicia, están relacionados con protección de bandas de secuestradores y otros ilícitos que ya están siendo investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y por la propia PGJE. A Sonia Patricia Navarro, asesora del procurador de justicia Rommel Moreno Manjarrez, la menciona como protectora de un comando armado que operaba en Ensenada.

En entrevista, el general lamenta que algunos de los jefes policiacos ministeriales y federales señalados en esta carta acudieron a las reuniones del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, en donde se enteraban de los asuntos y acuerdos establecidos. “¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios?”.

Antes de concluir la segunda carta, Aponte Polito precisa: “De otras corporaciones no se mencionan los actos de corrupción debido a la reseña que han hecho algunos medios de comunicación, así como el espacio tan grande que ocuparían en este periódico”.

En 1994, el general denunció al excomandante de la Policía Judicial Federal, Rodolfo García Gaxiola, como presunto responsable del asesinato del exdirector de Seguridad Pública Municipal en Tijuana, José Federico Benítez. Ésta no es la primera vez que se enfrenta a autoridades estatales: como comandante de la IX Zona Militar, en Sinaloa, pidió al entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla hacer una limpia de los policías presuntamente ligados al narcotráfico; a la semana, el general ya no estaba en esa Zona Militar. (LR)

 

 

 

Publicado en: Junio 2008 / Año 3 / Número 30



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