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BAJA CALIFORNIA  
 

Fracasa Baja California en readaptación social

Lorena Rosas
Los recientes motines en la prisión de la Mesa, el peor conflicto penitenciario vivido en Baja California, refleja el poco interés de las autoridades estatales frente a la institución carcelaria y la supuesta readaptación de los reclusos. Para el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán no ocupan un lugar de importancia la readaptación social dentro del esquema de seguridad, de contención y lucha frente al aumento de la criminalidad.

 

 


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Sin una comisión de mediación para resolver la crisis y el desconocimiento por parte del gobierno estatal de un método de resolución pacífica de conflictos carcelarios, las autoridades penitenciarias, encabezadas por el secretario de Seguridad Pública en el Estado (SSPE), Daniel de la Rosa, respondieron en dos oportunidades de motín con una estrategia de castigo y muerte dirigida hacia quienes, desde la azotea de la cárcel, y externaron su inconformidad por su condiciones de vulnerabilidad a la tortura.


La respuesta brutal vino en forma de balas. El saldo negro de una autoridad que exige legalidad sin una actitud política estructural para enfrentar la criminalidad dentro de un marco de respeto a la vida, la legalidad y las garantías constitucionales fue de 25 muertos; más de 300 heridos, 59 de ellos de gravedad, y varios “desaparecidos”.


El domingo 14 de septiembre, día de visita, decenas de reclusos de la penitenciaría La Mesa, temerosos de perder la vida al ser torturados constantemente por custodios, armaron un motín al tomar tres vigilantes como rehenes e impidieron la salida de cientos de visitantes. Durante la manifestación que realizaron en varias azoteas, gritaban: “no queremos libertad, queremos justicia”. En pancartas improvisadas evidenciaban la muerte a golpes del interno Israel Blanco Márquez, de 19 años. Exigían la salida del comandante en turno, David Montero, a quien señalaban como el principal torturador de los internos.

Guadalupe Salias, directora del Grupo de Apoyo y Protección a la Mujer y al Menor Infractor (Gapmi), considera aberrante que las instituciones quieran justificar una actuación en donde hay tantos heridos y muertos. El estado es responsable de los internos que tiene en custodia, de los cuales la mayoría ya fueron juzgados y sentenciados con la privación de su libertad.

Salias dice que si bien es cierto que estas personas están privadas de su libertad porque cometieron delitos, y otros esperan una sentencia condenatoria, todos ellos, aún con piedras y encerrados, están en un estado de indefensión. Las autoridades pensantes, que se encuentran ante un caso que implica la resolución de conflictos, buscan un mediador para resolver esta situación; pero no llegan tirando a matar. Esto no es posible y menos cuando se habla del propio gobierno, que tienen la obligación de salvaguardar la vida y la integridad de los reclusos.


“Por un teléfono celular”
Algunos presos aseguran que el sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas, el comandante David Montero y dos custodios ingresaron a la celda A-8 del edificio 5-A, ahí se encontraban 23 reos a los que comenzaron a golpear. La tortura fue porque Israel Blanco tenía en su poder un teléfono celular.

Además, Blanco tenía dos dosis de droga para su uso, cuya venta provenía de un grupo contrario al que los custodios de la penitenciaría brindan protección. El comandante y los guardias sometieron al joven a una sádica tortura; lo sumergían en una cubeta con agua y cloro para “interrogarlo” y luego lo sofocaban con una bolsa de plástico con la que le cubrían la cabeza.

El martirio se prolongó hasta que le causaron la muerte por asfixia. En el pasillo, los lamentos de Israel se fueron apagando poco a poco. Pero no fue la única víctima, según los internos, hubo otro preso “Luis N”, quien murió torturado dos semanas antes del motín, por las mismas causas: comprarle droga a los “contrarios”.

Magdalena Blanco Márquez, madre de Israel, sostiene que a su hijo lo esposaron y le pegaron tan fuerte en la cabeza, que se la reventaron. Durante el tiempo que el joven estuvo en prisión ?casi un año?, no la dejaron verlo, debido a que la mujer no tiene acta de nacimiento, por lo cual no pudo sacar una identificación oficial.

“Hasta ahora vi a mi hijo, ya que está muerto. Le dieron dos años tres meses de sentencia. Todos los días de visita, me venía aquí desde las tres de la tarde para ver si me dejaban verlo. Nunca me lo permitieron hasta ayer que fui a identificarlo al forense”, dice Magdalena. Según la madre de Blanco, éste estuvo casi un año en prisión, acusado de complicidad en la comisión de robo de vehículo.

De acuerdo con el certificado de defunción, se establece que Israel murió a causa de un golpe provocado por la caída de un televisor en la cabeza. Sin embargo, Magdalena pide justicia por la muerte de su hijo. Asegura que al menos hay 50 testimonios de internos, quienes afirman y coinciden que la muerte del joven fue a manos del comandante David Montero, y fue lo que detonó el primer motín.


Sin responsables
El gobierno estatal no aceptó ni dio a conocer la existencia de responsabilidad alguna por parte de las autoridades penitenciarias y de prevención social. El comandante del penal, Marco Antonio Ibarra Chávez, y el subcomandante, Daniel Ibarra Pérez, se encuentran prófugos. Sólo un custodio fue detenido, Alex Cervantes Jaramillo.

Durante las 13 horas que duró el primer enfrentamiento, los internos no paraban de gritar “justicia”. La manifestación se salió de control al punto que los internos se apropiaron de las instalaciones y tomaron como rehenes a tres custodios.

Los internos arremetieron contra el portón de metal que se encuentra en la zona nororiente del reclusorio hasta lograr desprenderlo de uno de sus lados. Al momento de que intentaban escapar fueron baleados por los custodios, policías estatales y federales preventivos, quienes afirman que abatieron entre 20 y 30 reos.

La balacera de policías contra internos se prolongó por más de 30 minutos. Uno de los presos pudo escapar, pero fue capturado cuando llegó hasta la calle vestido con el uniforme de uno de los celadores.

Alrededor de las 21:00 horas se suscitó otro zafarrancho, los internos comenzaron a lanzar bombas molotov y piedras por lo alto de la barda perimetral hacia la calle, mientras que los policías y custodios lanzaban decenas de granadas lacrimógenas al interior.


Entraron fuerzas especiales
Las autoridades recuperaron el control del penal cerca de las 2 de la mañana, del lunes 15 de septiembre, tras el arribo de un equipo especial de fuerzas federales, incluyendo francotiradores, quienes arreciaron el fuego, disparando contra los internos.

A las 2:15 de la mañana, el comandante de la policía municipal de Tijuana, Julián Leyzaola, salió del centro penitenciario y anunció a los familiares de los presos que esperaban afuera de la prisión que el motín había concluido. En tanto, policías seguían disparando y lanzando gases lacrimógenos desde un helicóptero que sobrevolaba el penal, afectando a reos y visitantes por igual.

Una hora después, llegaron a La Mesa seis ambulancias de la Cruz Roja y de grupos de rescate, con la intención de sacar a cuatro de las 19 personas lesionadas, entre éstas, tres celadores y un agente de la Policía Federal Preventiva (PFP), que fue alcanzado por un cartucho de escopeta, los demás fueron internos que presentaban heridas de proyectil de arma de fuego, quienes fueron atendidos dentro del penal.

Por la mañana, militares y policías de todas las corporaciones rodearon la cárcel; pero no pudieron impedir que familiares de reclusos se aglutinaran para exigir noticias del interior del penal. Ante la centena de parientes que reclamaban conocer la situación de los internos, el jefe militar reiteró que no había personas muertas. Horas después, las autoridades admitieron que ese primer motín dejó por lo menos cuatro muertos.


Un segundo motín

El 17 de septiembre hubo otro motín, el peor en la historia de Baja California. El saldo fue 19 reclusos muertos a manos de cientos de agentes de los tres órdenes de gobierno que acudieron a reprimir la rebelión a sangre y fuego con una tupida y continua balacera.
El amotinamiento se inició poco después del mediodía en la zona destinada para mujeres. Duró cerca de tres horas en que destrucción, incendios y frecuentes descargas de balas denotaban un infierno al interior del penal.

Inicialmente, el titular de la SSPE, Daniel de la Rosa, negó que hubiera muertos como resultado de la refriega. Posteriormente, ante la presión de los medios nacionales, tuvo que admitir y proporcionar una cifra oficial: l9 reclusos muertos, unos en el interior de la penitenciaria, otros en diferentes centros de atención médica a donde fueron trasladados, además 50 heridos.

De la Rosa dice se siguen realizando diligencias, sin embargo, hasta el momento se desconoce qué corporación abrió fuego. La mayoría de los 25 internos que perdieron la vida en los dos motines fue por disparos de arma de fuego.

Rommel Moreno Manjarrez, procurador general en el estado, reconoce la lentitud en las investigaciones en torno al segundo motín, toda vez que la escena de crimen quedó totalmente destruida. Se están buscando otros indicios para establecer cómo fue la mecánica de los hechos y fincar las responsabilidades.

A decir de Moreno Manjarrez, en una primera instancia se localizaron 195 casquillos percutidos; pero conforme fue avanzando la revisión sumaron un total de 500. Otros daños del motín fue la destrucción del archivo de las fichas signalécticas de los reos, lo que propicia realizar las pesquisas de identificar muertos.

Francisco Blake Mora, secretario general de Gobierno, dice que las primeras medidas que se tomaron fue suspender a 40 guardianes que, se supone, ayudaron a los internos dándoles las llaves para que abrieran los accesos internos.


Los heridos
Al interior del penal 324 reclusos requirieron de atención médica, según los registros de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado (PDH), los cuales difieren de los números que la SSPE manejo sobre el saldo del enfrentamiento que protagonizaron internos y elementos policíacos.

Francisco Javier Sánchez Corona, ombudsman de Baja California, explica que son los números que obtuvieron de una revisión ocular que realizaron en dos edificios del penal, los días subsecuentes a los motines. Son 166 lesionados con fracturas, hematomas, incluso con balas enterradas; 158 personas en crisis, víctimas de padecimientos como diabetes, asma, riñón, que requieren medicamentos que no fueron proporcionados en varios días.

Sánchez Corono denuncia que el martes 16 de septiembre observó cómo un contenedor con comida (huevo) era repartido entre las reclusas; sin embargo, el alimento estaba en mal estado. Agrega que durante el tiempo que estuvo la gente de la procuraduría al interior del penal revisando, los internos no recibieron agua en tres días.

El ombudsman dice que se les castiga pese a que los internos no planearon una fuga, sólo solicitan un trato digno; están cansados de vejaciones. Y el estado responde ante el conflicto pidiendo la construcción de más espacios carcelarios, cuando la verdadera solución es capacitar a los custodios para que no abusen de los internos.


Otro muerto
Días después de los motines, apareció otro reo muerto al interior del penal, víctima de los golpes que, según las autoridades penitenciarias, le propinaron sus compañeros de celda. El 21 de septiembre, José Durán Sandoval, de 28 años, ingresó al penal acusado de violencia intrafamiliar, 42 horas después falleció.

La SSPE argumenta que Durán se quejó durante toda la noche de molestias en diversas partes del cuerpo, lo que molestó a otros presos “porque no los dejaba dormir”, razón por la cual lo golpearon hasta privarlo de la vida. En la madrugada del 22 de septiembre fue localizado el cadáver en la celda 109 del edificio 1.

En la celda se encontraban 13 presos; solamente se culpó a cuatro de ellos del homicidio. Además, no se aceptó responsabilidad por parte de las autoridades penitenciarias y de Prevención Social.


Sin respeto al principio de legalidad

Guadalupe Salias, directora del Gapmi, considera que en los motines en La Mesa se violentó el derecho que tiene toda persona a la vida, desde el momento de la concepción. La ley debe proteger este derecho, el cual no puede ser suspendido por ninguna causa. Las obligaciones de los funcionarios encargados de los centros de detención incluyen entre otras, la de proteger a los detenidos contra hechos de violencia provenientes de cualquier fuente, incluida la de otros detenidos.

“El gobierno debe de hacer un análisis sin maquillaje, donde puedan detectar las fallas que se tuvieron en La Mesa. Se habla de un motín donde los presos exigen mejores condiciones de vida, lógicamente que no lo vamos a terminar arrojando balas y matando reclusos. Hay leyes que se deben respetar”.


Mal uso de los recursos
En agosto pasado, el general Sergio Aponte Polito, excomandante de la Segunda Región Militar, acusó a funcionarios de la SSPE.

Antes de salir de Baja California y a través de una carta publicada en medios de comunicación locales, Aponte Polito denunció que el mayor Justo Buenaventura Jaimes Villarreal fue destituido como director de la Policía Estatal Preventiva porque sabía del mal manejo de 55 millones de pesos en la adjudicación directa en la compra de alimentos del Sistema Estatal Penitenciario para las prisiones bajacalifornianas.

En el documento público, el general dice que en el desvío participó Fernando del Rayo, Leonel Gallardo, Francisco Orduño y Adrián Flores, quienes desempeñan cargos públicos en el gobierno estatal. Además se debe investigar a las empresas Agrícola Cachanilla y Distribuidora Rubio.

Días después de su destitución, Justo Buenaventura confirmó que en su oportunidad habló con el propio titular de la SSPE, Daniel de la Rosa, para exponerle las irregularidades detectadas en la adquisición a proveedores de alimentos del sistema penitenciario. De la Rosa sólo contesto que eso lo iba a ver en su momento con las personas que se tengan que investigar.


La impunidad del gobierno local

El gobierno de Baja California dejó en libertad a tres exfuncionarios penitenciarios que fueron detenidos y destituidos de sus cargos, por su presunta responsabilidad en los motines registrados en la penitenciaría de Tijuana. Miguel Ángel Canett y Simona Gamiño, exdirector y exsubdirectora del Sistema Estatal Penitenciario, respectivamente, y Carlos Arturo González, exdirector del penal, depositaron una fianza de 600 mil pesos cada uno. En lugar de efectivo entregaron pólizas de los seguros de sus propiedades.
Jesús Héctor Grijalba Tapia, subsecretario del Sistema Penitenciario de Baja California, dice desconocer cuántos custodios desertaron o están desaparecidos a consecuencia de los motines. Sólo tiene la certeza de que el custodio Alex Cervantes Jaramillo se encuentra detenido como presunto responsable de la muerte de Israel.

Grijalba Tapia sostiene que se está levantando un censo, preso por preso, tomándoles fotografía, datos personales y huellas dactilares, a fin de tener un archivo real.
Francisco Blake Mora, secretario general de Gobierno, asegura que el titular de Seguridad Pública, De la Rosa, no es investigado por los hechos y sigue trabajando en la atención del problema penitenciario.

Armando Reyes Ledezma, coordinador estatal del Partido del Trabajo, considera que a Daniel de la Rosa se le protegió siendo el principal culpable. El funcionario obtuvo el puesto por ser hermano de Andrés de la Rosa, presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional.

Samuel Ramos Flores, líder del Partido Revolucionario Institucional, demanda el cese y la consignación de Daniel de la Rosa Anaya, a quien señaló como el principal responsable de los hechos sangrientos ocurridos en La Mesa, y por el momento está siendo encubierto por las autoridades estatales.


Reciclan funcionarios acusados de tortura
Tras los trágicos resultados en La Mesa, fueron reemplazados de sus puestos la subsecretaria del sistema carcelario, Simona Gamiño Gurrola, en su lugar se designó a Héctor Grijalva Tapia; al director general del sistema Miguel Ángel Canett Sánchez, lo sustituye Francisco Vázquez Bustamante, sobre quien pesa una recomendación de la PDH por torturador.

También cesaron al director de la Penitenciaría, Carlos Arturo González, y en su lugar se designó a Osvaldo Medina Olvera.

En febrero de 2008, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, emitió la recomendación 001/2008 dirigida al gobernador Osuna Millán, por hechos calificados como ejercicio indebido de la función pública, en la modalidad de abuso de autoridad y violación al derecho a la integridad, seguridad personal y lesiones.
La Procuraduría señaló a Jesús Grijalva, Francisco Vázquez y Enrique Ruiz como responsables de infringir tortura contra 14 internos en el Centro de Readaptación Social de Ensenada, Baja California. Además, por los hechos antes citados se integró la averiguación previa 6567/06/311/AP, ante la agencia del ministerio público investigadora de delitos patrimoniales.

Diversos sectores sociales repudian el nombramiento de Osvaldo Medina Olvera, director del penal de La Mesa, quien como director del reclusorio de Ensenada fue acusado de represor y torturador, por lo cual existe la recomendación 144/95, del 23 de noviembre de 1995.

Además, la recomendación 04/2002, de la PDH, por abuso de autoridad y violación al derecho a la integridad, seguridad personal y lesiones. Medina Olvera es también acusado de encabezar el desalojo violento contra familias en el Ejido Graciano Sánchez el 3 de diciembre de 1999

Publicado en: Octubre 2008 / Año 3 / Número 32



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