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BAJA CALIFORNIA  
 

Motín en el penal de Tijuana: prueba no superada

Raúl Ramírez Baena
Veintitrés muertos, 59 heridos, cinco reos fugados, además de custodios y su comandante, es el confuso y contradictorio saldo oficial de los dos motines de septiembre en el penal de Tijuana. En la primera versión oficial de las autoridades estatales, el gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, culpó a las bandas criminales al interior de la cárcel, que desataron el caos a raíz de una revisión y por el control de la droga. Hoy, reconocen que, previo al motín y como detonante principal, un interno murió a causa de la tortura infringida por los custodios.

 

 


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Primero y más importante: la vida, la integridad física y los derechos de los privados de la libertad es responsabilidad única y exclusiva de las autoridades federales o estatales, según sea el caso, de ahí la “custodia”. Segundo: mediante el gobierno de todas las actividades al interior de los penales, las autoridades deben velar por el imperio de la ley, por la no introducción de artículos y substancias prohibidas, y por la regulación de las personas que visitan a los internos e ingresan a las prisiones con diversos fines.


Para ello, la Organización de las Naciones Unidas desarrolló normas mínimas universales, tendientes al tratamiento humanitario de los privados de la libertad, para su readaptación y reinserción social. Fin único de los centros penitenciarios en el mundo (contrario a las ideas retrógradas y aberrantes de quienes desean y justifican la muerte, la prisión vitalicia y el maltrato de los internos), lo que en el argot se llama “la buena práctica penitenciaria”, así como un vasto material de capacitación.


Estos criterios se desarrollan sobre la base de que la prisión es el último de los recursos que tiene el Estado para castigar a quienes ofenden a la sociedad por la comisión de un delito, y de que no es posible readaptar a un infractor de la ley alimentándole sentimientos negativos de rechazo social y actitudes perversas y violentas que contaminan su conciencia, sus valores y sentimientos, y que mancillan su dignidad. Por ello, el Sistema Penitenciario es el termómetro del aparato de justicia en un país.
Los motines del penal de La Mesa en Tijuana, representan fielmente la antítesis de todos los esfuerzos positivos de la humanidad a lo largo de la historia, y del derecho internacional en materia penitenciaria. Las autoridades de Baja California han cometido, uno tras otro, errores garrafales que no saben cómo justificar, y lo que es peor, cómo resolver.


El primer motín del domingo14 de septiembre fue detonado por la muerte –por tortura– de un segundo interno a manos de los custodios, no porque quisieran información sobre la introducción de un celular, como fue la versión oficial. De acuerdo con fuentes de muy alto nivel que piden el anonimato, porque vendía droga de un bando contrario al que protegían los propios custodios, quienes querían saber qué grupo la distribuía.


Una vez prendida la mecha, en un segundo motín, el 17 de septiembre, se acelera por las condiciones de hacinamiento, salud, y por la mala calidad de los alimentos (cobra valor la denuncia del despedido del general Aponte Polito que señaló una desviación por 55 millones de pesos en este rubro), por la explotación sexual de mujeres –quienes iniciaron la segunda crisis–, por el desconocimiento o poca información sobre sus procesos, por el trato despótico y abusivo de los custodios y, en general, por las pésimas condiciones del penal.


Llegamos al punto en que el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán tiene que confrontar a la opinión pública. Pero la solución se da por la puerta fácil: inculpar a los altos funcionarios penitenciarios sin tocar al secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, tan responsable de los hechos como el propio gobernador, y por supuesto, sin cuestionar siquiera el cúmulo de corrupción, impunidad, que se han dado desde administraciones panistas anteriores.


A Simona Gamiño Gurrola, entonces subsecretaria del Sistema Penitenciario, la entregó el propio Daniel de la Rosa a la policía ministerial. Pero antes, durante el desarrollo de los dos motines, tanto De la Rosa como el secretario general de Gobierno, Francisco Blake Mora, la dejan sola durante los motines ante los familiares y los medios de comunicación , sin darle instrucciones sobre el manejo de la crisis


La historia oficial nos cuenta que todo fue obra de un pequeño grupo de mafiosos, siete de ellos muertos que dispararon armas de fuego, otros siete trasladados a penales de “alta seguridad”, y cinco más dados a la fuga. Las autoridades aseguran que los funcionarios responsables ya están siendo procesados por la justicia. Ante Felipe Calderón y Joaquín López Dóriga, Osuna pide recursos para la construcción de un nuevo penal en Tijuana, fuera de la mancha urbana.

Así se resuelven las crisis oficiales en México..

 

Publicado en: Octubre 2008 / Año 3 / Número 32



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