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BAJA CALIFORNIA  
ÍNDICE Enero 2008
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La mano negra de Elba Esther Gordillo

Lorena Rosas
Desde el Cereso de Mexicali, Héctor Lara Moreno y dos profesores más, presos por un presunto daño patrimonial, sostienen que se les encarceló por motivos políticos y no por razones legales que sustenten el proceso penal.  Agregan que jurídicamente el SNTE no puede representar a trabajadores estatales porque es un sindicato exclusivamente para profesores y administrativos federales, dependientes de la Secretaría de Educación Publica, aún así, son cientos de millones de pesos los que el sindicato elbista recibe por concepto de cuotas magisteriales.

 

 


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El profesor Carlos Castro García, exdirigente de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), preso en la cárcel de Mexicali por un presunto fraude, en su declaración ministerial dentro de la averiguación previa 3688/06/111, señala que en 2004, durante la administración del exgobernador Eugenio Elorduy, recibió presiones y amenazas de representantes del SNTE y del gobierno de Baja California para cancelar la jubilación dinámica, que es la prestación más valiosa de los maestros estatales. Los profesores federalizados no tienen este beneficio.

Castro García argumenta que el fondo del conflicto magisterial es la intención del gobierno de Baja California de desaparecer la jubilación dinámica para 13 mil 500 trabajadores estatales de la educación de la sección 37 del SNTE y del  Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE).

Con la jubilación dinámica, un maestro retirado recibe en su pensión los mismos aumentos que se otorgan a los sueldos de trabajadores en activo, lo que perjudica las finanzas de Issstecali y del propio gobierno que subsidia a dicho organismo.

Lidia Ochoa, esposa de Héctor Lara, también preso en Mexicali, acompañada de Cruz Durán, esposa de Castro García, presentaron una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por presuntas violaciones a los derechos humanos de los profesores, de los cuales algunos podrían constituir delito: dilación en la impartición de justicia, irregular integración de la averiguación previa, omisión en la declaración de testigos clave, omisión en la declaración de testigos, falsedad de declaración de funcionarios y ocultamiento de información.

Ochoa asegura que dicha acción obedece a un embate de índole político, para lo cual se fabrican con una serie de artificios culposos, situación que ya es atendida y estudiada por sus abogados, quienes interpusieron un amparo federal en contra de los actos de autoridad. A lo largo del proceso se presentaron una serie de inconsistencias, como el hecho de no obligar a declarar a la profesora María Luisa Gutiérrez Santoyo, actual presidenta del Fondo Mutualista, quien a pesar de ser requerida para rendir su testimonio por la juez primero de lo penal, Cenaida Tafolla González, no acudió.

Agrega que la presencia de la profesora era necesaria, ya que a través de su declaración se demostraría que no hay perjuicio patrimonial y que dicho fondo está vigente. Por lo tanto, sin complicaciones se hicieron las entregas de las cantidades correspondientes a los trabajadores pensionados y jubilado. Entrega de fondo que no sería posible, de existir dicho estafa. Las autoridades judiciales actúan de manera irregular cuando se trata de las audiencias constitucionales solicitadas por la defensa de Héctor Lara.

“Se nos dice que la fecha para la audiencia constitucional en donde se resolvería la solicitud de amparo presentada, se llevaría a cabo tal día. Para tal efecto, el día de la cita se presentan los abogados defensores, quienes son informados en ese momento que debido al retraso en el que llega el informe que se le solicitó a la juez, seda una nueva fecha, dos meses después. Esta acción dilatoria perjudica en tiempo dicha resolución”, asegura la también profesora.

Ochoa, quien pasa por penurias económicas ante la suspensión de sus sueldos, lamenta principalmente, la ausencia de su esposo. Los cuatro hijos lo toman con entereza, a veces con tristeza, dos de ellos no tuvieron su presencia en los momentos donde culminaron sus estudios.

“Se acaban de recibir Marco Antonio como licenciado en Psicología  y Cindy, en Pedagogía. Estuvimos tristes, porque nos faltó su padre en la mesa donde brindamos por su logro profesional.  Es parte del sacrificio que tuvimos a lo largo de cuatro años, y no estaba él con nosotros”, dice.

 

El SNTE, formalmente no existe

Jorge Coronado Acuña, abogado de los profesores internos, considera que entre las inconsistencias jurídicas de la denuncia por administración fraudulenta contra Héctor Lara, que analiza el juzgado primero de lo penal, destaca la actuación extemporánea del ministerio público, la falta de personalidad jurídica de los 52 maestros afiliados al SNTE que presentaron la querella y la inexistencia del sindicato nacional en Baja California, ya que carece de toma de nota ante las autoridades estatales.

El jurista espera que los diputados del Congreso local vean la toma de nota y registro del SETE en el Tribunal de Arbitraje estatal y se compare con la toma de nota del sindicato virtual del SNTE, el cual, con el Acuerdo Nacional de Descentralización Educativa de 1992, dejó de existir en México, toda vez que el sindicato elbista se creó en 1944 para maestros federales y en esa fecha, el estado de Baja California no tenía la categoría de entidad federativa, la tuvo hasta 1952.

Con el citado acuerdo se deslindó de responsabilidades patronales y financieras a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para transferirlas a los gobiernos estatales. La medida, aplicada por el entonces secretario de Educación, Ernesto Zedillo y Elba Esther Gordillo por parte del SNTE, hizo que los gobiernos estatales se convirtieran en los patrones de miles de maestros, no la federación.

La Sección 37 surge en 1956, pero en 1994, con el acuerdo, se debió celebrar un congreso estatal extraordinario para que el comité ejecutivo acordara la incorporación al SNTE para, entonces si, darle personalidad jurídica a la Sección 37.

Por lo tanto, en ningún estado del país el SNTE tiene dicha personalidad jurídica para representar a maestros y personal de apoyo de sistemas educativos estatales, ya que sus alcances son federales; además, carece de contratos colectivos de trabajo y de tomas de nota de sus dirigencias seccionales.

Héctor Lara Moreno, desde el Centro de Readaptación Social de Mexicali (Cereso), considera que dicha situación permitió la creación del SETE, una organización independiente, de carácter estatal, que agrupa a aproximadamente 9 mil de los 13 mil 500 trabajadores que hasta hace dos años formaban parte de la sección 37 del SNTE,

“La dirigencia del SNTE, Elba Esther Gordillo, y el gobierno están preocupados por lo que sucede en esta entidad, pues podría abrir las puertas para la creación de sindicatos independientes en otros estados”, dice.

Salvador Rubio, secretario de asuntos jurídicos del SETE, sostiene que para nadie es extraño, que detrás del conflicto magisterial en el estado, está Elba Esther Gordillo; sus detractores se convierten en enemigos, por lo que son perseguidos, encarcelados o acusados de delitos armados para amedrentarlos y doblegarlos a su voluntad.

 

El desconocimiento del SETE

Un año después del reconocimiento del SETE en Baja California por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal en septiembre del 2006, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje confirmó los derechos del SETE, según el expediente 2655/07, del 4 de septiembre de 2007.

Héctor Lara Moreno denuncia que a pesar de los dos laudos de los tribunales, estatal y federal, el gobierno de Baja California, en franco desacato, se niega a reconocer al sindicato disidente. El contrato colectivo de trabajo es con el SNTE  y por lo tanto, las autoridades de la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) se quedan con las cuotas el total de las cuotas sindicales; cada quincena las están entregando directamente al sindicato elbista.

Asegura que sigue desviando millones de pesos en cuotas al gremio nacional que encabeza Elba Esther Gordillo. Existen dos secciones en Baja California, la sección 37 que es la que tuvo el conflicto con el SETE en 2006, y la sección 2.

Francisco Blake Mora, secretario general de gobierno, dice que mantienen una importante relación con ambas secciones, ya que hay temas que se discuten en mesas de trabajo para la asignación de plazas, en base a propuesta de estas secciones sindicales, los inspectores sugieren al gobierno que un profesor ocupe un lugar y dé clases en una escuela. Con el nuevo sistema se concursan los espacios.

Agrega que Baja California tiene algunos rubros de los que no gozan otros profesores en las entidades de la república en cuanto a incentivos y estímulos.

Hace unas semanas, estuvo en Tijuana Rosario Ibarra de Piedra, quien se reunió con profesores integrantes del SETE. Posteriormente, la senadora presentó ante el pleno un posicionamiento como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Ibarra de Piedra se pronuncia por el respeto a la libertad sindical por parte del gobierno de Baja California, porque se reconozca el registro ya otorgado al SETE en la entidad y exige que cese el hostigamiento y persecución laboral en su contra. Además, sostiene que no se debe perseguir ni encarcelar a los trabajadores que deciden de manera autónoma la mejor manera de organizarse en la defensa de sus derechos y de eso, afirma, debe estar consientes las autoridades estatales.

Blake Mora argumenta que se trata de un asunto eminentemente de orden penal, valorado por un juez. Tiene que ver con malos manejos presuntamente realizados en una administración. Es un asunto intergremial, una denuncia presentada en el 2006 que fue querellada por 52 miembros del SNTE

El gobierno, asegura, mantendrá una buena relación. Hay un fraude aproximadamente de 39 millones de pesos de los fondos mutualistas de retiro y el gobierno no tiene nada que ver en eso; pero estarán atentos a que se de todas las garantías constitucionales: el derecho de ser oídos, de presentar pruebas y acreditar algunas otras cuestiones.

En tanto, Blake More, dice que el gobierno del estado no se somete a los caprichos de Elba Esther Gordillo. Agrega que actúa con profesionalismo. “Nosotros no recibimos órdenes de ningún sindicato, al contrario, mantenemos acuerdos.

Rodolfo Ceja García, secretario del Trabajos y Conflictos del Comité del Ejecutivo Estatal del SETE, considera que la denuncia penal para el dirigente del sindicato disidente no debió proceder porque se aclaró que no hubo desvío de fondos, sino préstamos que se otorgaron a la membresía del SNTE en su momento y que fueron recuperados.

En septiembre de 2007, el Fondo Mutualista de Retiro de la Sección 37 del SNTE había anunciado que tenía un fondo de 50 millones de pesos y en octubre del 2008 aseguraron en entrevista a los medios que ya se tenía un fondo de 95 millones de pesos.

 

La respuesta oficial

Oscar Vega Marín, secretario de Educación en el estado, dice la situación que se muestra no es tan complicada. Se hizo un compromiso de seguir con la revisión para ver a quiénes les corresponden a derecho los interinatos. Hay una mesa establecida con la sección 37 y con la autoridad en la que se estará revisando donde hay dualidad de propuestas para definir a quién corresponde en contraparte con los derechos que hay.

Vega Marín asegura que todo se hará conforme a derecho, porque se revisarán los casos para autorizar el que mayor derecho tenga ante el magisterio. La idea es que vayan saliendo conforme se van analiza, ante lo cual esperan que para finales de febrero salgan algunos conforme se vaya cotejando.

El funcionario sostiene que en relación a los 60 maestros "aviadores" del gobierno del estado que reciben un salario sin trabajar, según denuncia Héctor Lara Moreno, niega que sea así, toda vez que asisten pretendiendo dar clases; pero no los dejan entrar los trabajadores del SETE.

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Publicado en: Enero 2009 / Año 3 / Número 37



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